Bajo la sección 109, de la Ley PROMESA, los miembros de la Junta de Control Fiscal (JCF) están obligados a difundir sus reportes financieros en unos informes que fueron publicados esta semana en la página oficial del ente que supervisa las finanzas de Puerto Rico. Sin embargo, sin un oficial de Ética, todas las primeras páginas de cada formulario quedaban incompletas al no tener la firma que certifique que ‘los intereses no son substanciales’ para afectar los servicios del organismo. Por ende, varios miembros del ente incumplieron rellenando los encasillados al no constatar cuánto es su salario anual por los puestos directivos que ocupan.

Para el licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez, autor del libro PROMESA, han publicado formularios incompletos. ‘No tiene prácticamente nada del historial profesional de Elías Sánchez. Si te fijas, tienen muchos de los blancos de los apartados, que están en blanco y que en realidad la Junta difundió la información en incumplimiento de su propio reglamento, porque el reglamento dice que es necesario que el oficial de Ética evalúe los documentos antes de divulgarlos en el web y si te fijas está la firma del miembro de la Junta, pero no está la firma del oficial’, argumentó en una entrevista telefónica con NotiCel.

La Junta enmendó PROMESA para incluir un integrante que vele porque no haya conflicto de interés y porque se cumplan las disposiciones que estableció el Congreso norteamericano. Sin embargo, luego de más de un mes desde que el abogado Martin Bienenstock, de Proskauer Rose, expuso las enmiendas al estatuto, todavía no hay una persona en propiedad para el cargo.

El representante del gobernador Ricardo Rosselló ante la JCF, Elías Sánchez, fue uno de los integrantes que divulgó su informe sin detallar cuánto devenga de sus dos trabajos — presidente de Veritas Consulting, en Toa Baja y contratista de la firma de abogados Wolf Popper, en San Juan—. En los folios sometidos, declaró que tiene ingresos de WPG International, Globalize LLC y una cuenta de cheques en el Banco Popular y otra de ahorros en Chase Checking, pero no especificó cantidades, ni declaró que tiene algún plan de retiro —contrario a todos los demás miembros—. El integrante exoficio de la Junta tenía 2 préstamos estudiantiles de Navient y Neinet respectivamente. El primero era por un término de 10 años desde el 2003; el segundo era por 12 años desde el 2007. Posee también 2 fondos rotatorios de American Express y Chase Visa.

‘Donde habla de la responsabilidad con la deuda, no hay cantidades. De las relaciones profesionales que ha tenido con el PNP, Elías siempre ha estado en la política y siempre ha tenido contrato, divulga me parece que solo 2 entidades’, denunció Emmanuelli Jiménez.

El presidente del organismo, José B. Carrión III, tampoco detalló sus salarios como ejecutivo de HUB International CLC, Inc. y miembro de la Junta de GM Security, aunque cuenta con 9 planes de retiro. Cuenta con decenas de ingresos, pero no revela su valor ni su cuantía aproximada.

Otro de los integrantes que incumplió con especificar la cuantía de sus compensaciones fue Carlos García, que divulgó un extenso formulario con más de 33 encasillados rellenados en la parte de otros ingresos y planes de retiro. Indicó que, como expresidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), su último pago fue el pasado marzo, y sus últimos activos fueron transferidos en octubre. García vendió cuatro fondos de inversión denominados ‘First Puerto Rico Target Maturity Income Opportunities Fund’ el año pasado y tres de ellos con valores que ascienden a 15,000 dólares, aunque recibe menos de 201 dólares por cada uno.

García es residente de Caribbean Financial Group, Inc. and Caribbean Financial Group Holdings, L.P., ubicada en Guaynabo. También es director ejecutivo en BayBoston Managers LLC, asociado y gerente asociado en BayBoston Capital L.P. yfunge como director en Professional Holding Corp and Professional Bank, Radius Bancorp and Radius Bank yHyde Square Task Force, entre otras compañías. El único número de ingresos es de Santander Bank, N.A., realizado el pasado marzo por una cantidad de $5,736.

Posee intereses en U.S. bank accounts y U.S. brokerage account. Entre sus terrenos, hay una propiedad en Punta Cana, República Dominicana.Tiene dos líneas crediticias, una en Wellesley Bank y otra en Eastern Bank, ambas desde el año pasado.

El profesor David Skeel,de University of Pennsylvania Law School desde el 1999, y miembro del Judicial Conference Advisory Committee on Bankruptcy Rules, y de la Junta de God’s World Publications y editor de Bloomberg Bureau of National Affairs tampoco dio detalles de su salario como académico. Pero ha recibido más de $68,533 como profesor invitado, miembro honorario y por sus publicaciones.También tiene un plan de retiro con la Universidad y su esposa con el Pennsylvania Academy of Fine Arts Retirement Plan.

Miembros que sí divulgaron sus números

Ana Matosantos,presidenta de Matosantos Consulting, Inc., en Sacramento, California. También funge como integrante de la Junta de California Budget and Policy Center y ofrece servicios de consultoría a diferentes organizaciones sin fines de lucro y al comité Yes on 55 – Californians for Budget Stability. En su empresa, por consultoría, gana $589,000 y su salario asciende a $346,100.

Posee 2 planes de retiro y su afiliación al plan de beneficios definidos como CalPERS está inactivo, porque no es empleada en el estado de California. Sin embargo, si regresa a laborar allí, tendrá sus beneficios de jubilación desde los 55 años y recibirá aproximadamente $4,000 mensuales en ingresos.También posee una propiedad en Gegloma, Realty, ubicada en Vega Baja, y valorada entre $500,000 a 1,000,000. No obstante, no posee líneas crediticias.

José R. González,presidente en Federal Home Loan Bank of NewYork y miembro de la Junta de Directores de Pentegra Defined Benefit Plan for Financial Institutions devengó un salario el último año de $932,598 y de igual forma posee varias cuentas de inversiones.

Arthur J. González,profesor en New York University School of Law, presidente del Capítulo AJG, Advisors, miembro de la Junta en Fordham University School of Law Alumni Association, monitor del GM Bnakruptcy Avoidance Action Trust Monitor y es árbitro en Ancora Investment Trust y Advanced Polymer Coatings también, se ha desempeñado como editor en publicaciones de New York, mediador y consultor legal en litigaciones. Su salario es de $245,000, más devenga $356, 908 en consultorías.Tiene un plan de retiro con AJG Advisors y su esposa es maestra retirada, que recibe ingresos del sistema deNew York City Teachers.

Ramón Ruiz Comas,miembro de la Junta de Directores de la Universidad de Sagrado Corazón y de Asesores Financieros Comunitarios no da detalles de su salario, aunque sé retiro recientemente luego de haber fungido como director ejecutivo de Triple S, donde las ganancias de los altos mandos suelen ser millonarias. Solo constata que, en el 2015, debido a su rendimiento en la compañía, tuvo un bono que osciló entre $100,001 a $1,000,000.Como director ejecutivo interino de la JCF, su compensación asciende a $5,000 mensuales.

Andrew G. Biggs, desde el 2008 es académico en American Enterprise Institute, ubicado en Washington, DC. Según la página web de la organización educativa y sin fines de lucro, el trabajo del personal es avanzar hacia ideas que fomenten la democracia, el libre empresarismo, el liderazgo global y una cultura pluralista. En el informe financiero presentado, Biggs indicó que devenga un salario de $343, 750 anuales, más $79,450 por consultas, estudios, trabajos de escrituras y ser miembro honorario.

En el renglón educativo, ha dado servicios a Yankee Institute for Public Policy, Ethics and Public Policy Center, YG Policy Center, Mercatus Center, Show-Me Institute, National Affairs, Americans For Prosperity Foundation y Platte Institute for Economic Research. Mientras, ha sido consultor en The Research Foundation for SUNY, MITRE Corporation y Gerson Lehrman Group.

Sus trabajos académicos fueron para Dow Jones and Company y también es miembro honario del Templeton Foundation y University of Pennsylvania. La esposa trabaja en Klamath Community Foundation, organización sin fines de lucro dirigida a filántropos y profesionales, en colaboración con planificadores financieros, abogados, banqueros, representantes de seguros de vida y otros profesionales que los ayudan en servicios tributarios.