En Detroit $275,000. En Washington $155,000. En Puerto Rico $625,000… El pago de $625,000 que recibirá al año la recien nombrada directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal, Natalie Jaresko supera por mucho lo que devengaron sus homólogos en otras juntas fiscales en ciudades estadounidenses.

Jaresko, que recibirá además del jugoso sueldo, tendrá derecho a seguridad, chofer y reembolsos de gastos de mudanza y viajes periódicos a Ucrania, Washington y Nueva York, entre otros. Esta compensación supera por más del doble lo que devengó el gerente de la junta de emergencia fiscal de Detroit, Kevyn Orr, quien fuera designado en 2013 para manejar la bancarrota de esa ciudad con un salario de $275,000 anuales.

Aunque su salario es abismalmente menor que el que la JCF ha aprobado a Jaresko en Puerto Rico, el contrato de Orr en Detroit no estuvo exento de críticas por la cantidad y los beneficios de reembolsos, seguridad y viajes que obtuvo este abogado experto en quiebras.

En Detroit hubo críticas además a los contratos de consultores de la junta fiscal como fue el caso de Larry A. King que facturó poco más de $600,000 en dos años por su trabajo de asesoría financiera.

Sin embargo, contrario a la Ley PROMESA que impone los lineamientos de la JCF, en Detroit la legislación que creó el organismo fiscal de la ciudad puso topes para los gastos de salarios y contratación de expertos de asesoría y demás personal.

Las secciones 34 y 35 de la Ley 865 del estado de Michigan otorgan $780,000 para pagar salarios de los gerentes y $5 millones para contratar personal y asesoría necesaria para encaminar el proceso bajo el Capítulo 9 de la Ley de Quiebras.

Detroit es el caso más reciente y más adecuado para comparar a Puerto Rico sobre los parámetros utilizados para remunerar a los oficiales en procesos de restructuración a través de una junta. No obstante, hace dos décadas en Washington, el asunto de los salarios fue objeto de controversia, aunque las cifras son muy distantes al salario de Jaresko.

En una carta enviada por el General Accounting Office (GAO), este organismo desautorizó los salarios autorizados por la Junta de control en 1998; por pagar a varios altos funcionarios, incluyendo la directora Camille C. Barnett, contratada en diciembre de 1997 con salario de $155,000 y los $122,700 del director ejecutivo de la Junta, John W. Hill Jr. Los salarios fueron reducidos tras los señalamientos del GAO.

Aunque los principales funcionarios del gobierno han puesto el grito en el cielo con la contratación de Jaresko, de acuerdo al abogado Rolando Emmanuelli Jiménez es muy poco o nada lo que estos pueden hacer ya que la ley PROMESA expresamente dice que la Junta de Control Fiscal no está bajo la jurisdicción de ninguna de las tres ramas de gobierno de Puerto Rico.

‘Según el artículo 107 de la Ley PROMESA, la junta tiene entera discreción de cubrir sus costos con el presupuesto mensual de $2 millones. Ninguna regulación sobre contratación gubernamental y salarios del territorio o gobierno federal aplica para el nombramiento y determinación de paga del director ejecutivo de la junta o su personal’, explicó Emmanuelli Jiménez.

El gobierno no puede ni investigar ni demandar las determinaciones del organismo creado por el Congreso, aunque no es parte del gobierno federal.

La sección 108 de PROMESA dispone la autonomía de la junta sobre el gobierno territorial, por lo que ni el gobernador, ni la legislatura, podrán ejercer control, supervisión, revisar o fiscalizar las actividades de la junta. Tampoco podrán aprobar, ejercitar ninguna ley o regulación que menoscabe o derrote los propósitos de esta.

‘La Ley PROMESA permite el aprovechamiento irrazonable de los fondos públicos de un país que está en bancarrota y que se le están imponiendo toda una serie de medidas de austeridad lo que cuestiona la moral que tiene la junta para implantar esos recortes en áreas de servicios esenciales’, sostuvo el abogado ponceño autor del libro PROMESA, en el que analiza el impacto de esa legislación congresional.

Contrato de Kevyn Orr_23897

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