Reclaman más ‘claridad’ de su rol

La Junta de Control Fiscal, a traves de su directora ejecutiva, Natalie Jaresko, compareció ayer ante la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes federal para responder por sus trabajos en el Puerto Rico post huracán María.

Recogemos estas 7 claves de la solicitud que hizo ese ente ante la comisión que aprobó y que supervisa la implantación de la Ley PROMESA en Puerto Rico.

Establece un antes y un despues del huracán María: antes la Junta planificaba restaurar la salud financiera de Puerto Rico sin ayuda federal, ahora se necesita ayuda federal ‘a una escala sin precedente’.

El gobierno de Puerto Rico necesitará entre $13,000 a $21,000 millones en los próximos dos años para ‘las funciones básicas del gobierno’.

Proponen cambios a la Ley PROMESA para que se requiera la certificación de la Junta en todo adelanto de fondos federales que se le otorgue a Puerto Rico para recuperación.

Nueva fecha para el balance fiscal presupuestario sería el 2022.

Reforma de pensiones y otras propuestas en el Plan Fiscal se mantienen.

Pide ‘más claridad con respecto a las autoridades’ de la Junta sobre el control del gasto presupuestario por parte del gobierno y sobre su rol en los casos de quiebras para evitar ‘litigios’, como el de la reducción de jornada laboral, que quedó abortado por el paso del huracán, y el de la designación de un Principal Oficial de Transformación para la Autoridad de Energía Electrica, que sigue vigente ante el tribunal de quiebras.

Los prestamos de emergencia que el Congreso aprobó para el Gobierno de Puerto Rico pasarían por el filtro de la Junta como parte de la responsabilidad que le da la Ley PROMESA de ser los únicos que toman prestamos en nombre del gobierno.