El gobierno no proporcionó un estimado de impacto fiscal, pero la Junta permitió que se haga valer la ley ante el potencial de beneficio a la economía.

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ha autorizado al gobierno a poner en vigor la ley que eleva los topes de valor de vivienda de interés social.

La ley 1-2024, en síntesis, dispone que el precio de venta máximo de las viviendas que están ubicadas en municipios de menor densidad poblacional será de hasta $170,000 mientras que, en zonas urbanas, que no sea el centro urbano de municipios de menor densidad poblacional, será de hasta $175,000.

En el caso de las residencias en los centros urbanos de los municipios de menor densidad poblacional el tope será de $180,000 y las que están ubicadas en el suelo urbano de municipios de mayor densidad poblacional el tope es $190,000.

Estos costos podrán ser revisados cada tres años a petición del Departamento de la Vivienda (DV), agencia que, al igual que la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda (AFV) y el Departamento de Desarrollo Económico (DDEC), favoreció la medida.

En una carta del director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica, se indica el propio gobierno reconoce que la ley tiene un impacto fiscal, pero el Mujica señala que la ley “podría tener un efecto beneficioso sobre el inventario de vivienda asequible”.

Mujica señaló que la Ley PROMESA puede proveer argumentos para defender una ley que sea inconsistente con el Plan Fiscal (por su impacto fiscal. Aunque el gobierno, indicó Mujica, no proporcionó un estimado formal y una certificación, la Junta “está dispuesta a permitir la implementación de la ley para determinar si los costos son justificados al aumentar el valor del inventario de residencias asequibles en la isla”.

Mujica sostuvo que la autorización para que se haga valer la ley no establecer un precedente y que la JSF se reserva el derecho de anular la ley en el futuro.