El senador republicano Orrin Hatch presidirá el grupo de trabajo (task force) que dará recomendaciones para el crecimiento económico de Puerto Rico, en anticipo a los nombramientos de la Junta de Control Fiscal ordenados bajo la Ley ‘PROMESA’.

El líder de la mayoría republicana, Mitch McConnell, nombró el pasado 15 de julio a los senadores conservadores Marco Rubio y a Hatch para integrar ese equipo, mientras la líder de la minoría demócrata en la Cámara baja, Nancy Pelosi, nombró a la congresista por Nueva York,Nydia Velázquez, y al comisionado residente Pedro Pierluisi.El grupo de ocho miembros lo completan Tom MacArthur de Nueva Jersey, Sean Duffy de Wisconsin, Bob Menéndez de Nueva Jersey y Bill Nelson de Florida.

Antes de que culmine el 2016, el grupo deberá detallar en un informe las leyes federales que pueden ayudar al crecimiento económico de la Isla y sugerir cambios en programas federales para beneficio del mismo.

Antes de publicar el informe final, el grupo tiene que proveer una ‘actualización de estatus’ que incluya una discusión de los asuntos que ‘entienda urgente para considerarse en el Congreso’. Esto debe presentarse entre el 1ero y el 15 de septiembre de 2016. Para la preparación del informe, tienen que consultar con el sector privado de Puerto Rico, la Asamblea Legislativa y el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico. De igual forma, el equipo está autorizado a llevar a cabo audiencias públicas. Si decide hacerlas, al menos una de las audiencias debe realizarse en Puerto Rico.

Para el 15 de septiembre, el presidenteBarackObama, debe haber nombrado el grupo de siete personas que formarán la Junta.

Puerto Rico, que arrastra una deuda de más de 70,000 millones de dólares, es territorio estadounidense desde 1898 y se define como Estado Libre Asociado a ese país, con Constitución propia y con un importante grado de autonomía, aunque EE.UU. se reserva apartados como defensa, moneda, inmigración y aduanas, entre otros. Sin embargo, el territorio no puede acogerse a la Ley federal de Quiebras estadounidense, ya que dicha norma no considera a la isla como un estado más de la nación norteamericana, y la Justicia federal ha visto inconstitucional una norma que el Gobierno local aprobó para establecer su propio mecanismo de bancarrota.