Desde el año 2008, los ciudadanos en Puerto Rico han destinado 72 millones de dólares a donativos políticos, a diferencia de poco más de un millón de dólares en credito de inversión al fondo capital, suceso que según el economista, Antonio Fernós, representa uno de los mayores problemas que sufre la Isla para su crecimiento económico de cara a la implementación de una Junta de Control Fiscal dictada por la ley federal ‘Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act’ (PROMESA, por sus siglas en Ingles).

Según datos de la Organización de Cooperación Económica (OCE), una comparativa entre el cuatrienio 2008 y 2012 muestra que el patrimonio asignado para la operación política aumentó por $7, 953,910 entre ambos periodos. Sin embargo, en este mismo tiempo, las cifras ascendientes a inversiones de fondo general sumaron únicamente $1,328,933, de los cuales ‘$0 son referentes al actual término anual’.

Esta reseña asegura que no permite ‘promover el desarrollo económico en Puerto Rico mediante la coparticipación del sector público y privado’, como lee la misiva que expone la ley de fondo capital en la Isla, que según Fernos, es uno de los principales retos de la deuda pública ante la ley federal ‘PROMESA’.

Asimismo, en el presente 2016 se han recaudado unos $4,667,309endosados a campañas que incluyen los partidos políticos del País, a diferencia de ningún dólar destinado a las cuentas de retiro individual (IRA) que prevén un ‘alivio contributivo’ al momento de radicar una planilla de contribución sobre ingresos y un ahorro para el momento de retiro de cualquier ciudadano que se acoja a esta.

Mientras, el dinero asignado por boricuas al cuatrienio 2008 sumó poco más de 30 millones de dólares. La campaña política de 2012 acuñó exactamente, otros $37,963,099 destinados al proceso previo a las urnas. Pese a que las cifras reflejan una gran reducción en esta actividad, los $4,667,309 endosados a campañas políticas continúan representando la enorme incapacidad del Estado para ‘consensuar con la ciudadanía un incremento económico futuro’.

‘[S]i usted quiere echar este país adelante, no le dé ni un peso más a ningún político y trabaje las áreas que tienen mayor valor añadido cuando se hace inversión como lo es la energía renovable’, aconsejó Fernós sobre esta ‘problemática’, quien también habló la importancia de ‘reestructurar la deuda pública’, que según dijo, ‘no es impagable’.

‘No toda la deuda es igual. Está la garantía del fondo general (GOS, PBA, PRSA, UPR, etc). Mucha gente menciona el hecho de acogerse al capítulo 9 de quiebras, pero si viene el capítulo 9 solo aplica a las corporaciones públicas, lo que significa que los gobiernos estatales no pueden reestructurar bajo el capitulo 9 los GO’s. No se puede.

Hay que estar claros en que Puerto Rico no está quebrado, la administración del Estado sí’, aseguró el también profesor universitario.

Entretanto, el Partido Nuevo Progresista (PNP) diligencia una demanda contra el Departamento de Hacienda (DH) por retener dinero referente al Fondo Electoral Especial, que en este caso, permite que el partido (por estar entre los dos mayoritarios) obtenga cuatro dólares por cada dólar recaudado en su campaña a manos de donativos ciudadanos.

Sobre los plazos no cumplidos, mencionados por Fernós, descansa la cuestionada ley ‘Ley de Moratoria de Emergencia y Rehabilitación Financiera de Puerto Rico’ que permitió, bajo la declaración de que es ‘insostenible pedirle al Gobierno del Estado Libre Asociado, a sus instrumentalidades y a los residentes de Puerto Rico, que continúen asumiendo por sí solos la carga de la grave emergencia fiscal por la cual atraviesa Puerto Rico’, el pasado mes de julio y el 1 de agosto no precisar los pagos requeridos.

Entre las retribuciones requeridas en ambas fechas figuran deudas del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), la Administración de Sistemas de Retiro (ASR), Autoridad de Edificios Públicos (AEP), Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), entre otras corporaciones públicas.

Estos detalles, identificados como partes del ‘descalabro económico’ que sufre la Isla fueron generados, según varias posturas, por la falla del Tribunal Supremo en contra de la petición del Gobierno de Puerto Rico que perseguía acogerse al capítulo 9 de la Ley de Quiebra Federal y que pudo haber evitado el aval total de PROMESA, según entes ciudadanos.

En esa ocasión, el Supremo decidió en votación de 5-2, que Puerto Rico no podía optar por dicha ley, pero tampoco había concesión para que el Estado Libre Asociado (ELA) creara su propia ley de quiebras. La decisión fue acuñada al ‘problema’ de soberanía que ha enfrentado la isla y que volvió a ser ente público con la decisión del Tribunal Federal en el caso Sánchez-Valle.

‘Mucha gente menciona el hecho de acogerse al capítulo 9 de quiebras, pero si viene el capítulo 9 solo aplica a las corporaciones públicas, lo que significa que los gobiernos estatales no pueden reestructurar bajo el capitulo 9 los GO’s. No se puede.

Hay que estar claros en que Puerto Rico no esta quebrado, la administración del Estado sí, pero hay que bregar con la nueva realidad que es PROMESA’, concluyó en su explicación el también profesor universitario.