En momentos en que la Junta de Control Fiscal (JCF) y el Gobierno de Puerto Rico han indicado que están en conversaciones con bonistas, y despues de que la lucha de titanes entre los bonistas de COFINA y los de las Obigaciones Generales (GO, por sus siglas en ingles) se reflejara en anuncios en los medios, un juez federal acaba de trazar líneas que pueden afectar esas negociaciones.

Se trata de los primeros lineamientos en una lucha a la que tanto la Junta como el Gobierno parecen estar sacándole el cuerpo. Los acreedores de GO entienden que, por disposición de la Constitución de Puerto Rico, son los primeros que deben recibir pago, por encima de cualquier obligación. Y también entienden que COFINA es, como han dicho en sus anuncios, una treta fraudulenta que no se debe repagar porque es inconstitucional.

En una decisión el viernes, el juez federal Francisco Besosa no se metió de lleno a resolver la controversia, pero comenzó a trazar las rayas que pueden influenciar en la negociación de la deuda de ambos tipos de bonistas. En lo que concierne a lo más urgente, Besosa decidió que la pugna entre bonistas de GO y de COFINA no se iba a quedar paralizada por las disposiciones de la ley PROMESA sino que iban a proseguir su curso. El Gobierno de Puerto Rico y la Junta querían congelar el balón, pero no lo consiguieron.

Además, permitió que la JCF, la aseguradora Ambac, y los acreedores residentes en Puerto Rico intervinieran en el pleito. De esta manera,el Tribunal Federal retiene en el mismo pleito a los principales jugadores en la deuda de Puerto Rico: los GO, los COFINA, la Junta y los acreedores que residen en Puerto Rico. Y los retiene justo cuando, fuera del tribunal, hay negociaciones sobre la reestructuración de la deuda.

El 1 de julio de 2016, Puerto Rico incumplió $817 millones en pagos de bonos GO y el 20 de julio del mismo año los acreedores de GO radicaron su pleito federal. La Administración García Padilla usó órdenes ejecutivas para detener los pagos de GO pero continuó con pagos a los acreedores de COFINA, una deuda que está hipotecada con los ingresos del Impuesto sobre las Ventas y Uso (IVU), los cuales se desvían antes de que entren al Fondo General. Es este desvío el que está al centro de la controversia que todavía está pendiente porque los acreedores de GO sostienen que ese desvío para COFINA es inconstitucional.

El propósito del pleito ante Besosa es una declaración judicial sobre la legalidad de ese desvío y una orden para que lo desvíado vuelva al Fondo General.

Según la decisión de Besosa, los titulares de COFINA involucrados en el pleito tienen unos $2,000 millones en acreencia y los fondos de Puerto Rico tienen $435 millones en bonos garantizados de COFINA y $210 millones en bonos subordinados de COFINA.

‘Los principales titulares de los Bonos COFINA son fondos mutuos que tienen $748,214 en bonos senior y $2,893,748 en bonos subordinados emitidos por COFINA.

Decisión de juez federal Francisco Besosa sobre bonos COFINA, febrero 2017 – NotiCel_23225