El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz arremetió el jueves, contra los directivos de la Junta de Control Fiscal, Jose Carrión tercero y Ramón Ruiz Comas.

‘Me llama la atención que tanto el presidente de la Junta y su director ejecutivo interino alegan que tienen bonos. Si eso fuera cierto, hay que ver si existe un potencial conflicto en las decisiones que ellos van a tomar para obligar al Gobierno de Puerto Rico a pagar los bonos de ellos, sobre los bonos de los demás. Eso hay que verlo’, dijo Rivera Schatz a preguntas de la prensa.

‘Los contratos que tiene la Junta, son superiores a los del Ejecutivo, a los del Legislativo y la Rama Judicial. La Junta nos cuesta cerca de tres millones todos los meses. No tienen fuerza moral, ellos cuestan más que el problema fiscal que tiene Puerto Rico. La reunión que tienen el lunes le cuesta a Puerto Rico -nada más en seguridad- más de 200 mil dólares. Si tienen vergüenza en la cara, que recorten ellos’, añadió.

Horas después, el Senado enmendó una resolución en la cual se establece que el Senado solicite a los miembros de la Junta creada por la Ley Federal Puerto Rico Oversight Management and Economic Stability Act (PROMESA) y a sus contratistas toda la información concerniente a la tenencia de Bonos del Gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades; acreencias o acciones de similar índole, en su título personal o mediante personalidad jurídica y para otros fines relacionados.

Esta resolución será traducida al inglés y enviada a diversos medios internacionales, al Congreso y al Presidente de los Estados Unidos.

Por su parte, el presidente cameral, Carlos ‘Johnny’ Méndez, insistió que el poder de la JCF no incluye a la Legislatura.

‘Sobre la Legislatura ellos lo que hicieron fue una sugerencia. Lo que pasa es que ellos no saben que el presupuesto de la Legislatura es menos del uno por ciento del presupuesto total del país. Segundo, que tanto en Cámara como en Senado se han hecho los ahorros suficientes para mantener las finanzas en negro y que haya sobrantes’, sentenció.

La reacción de ambos fue en respuesta a las recomendaciones hechas por la JCF de recortar la jornada laboral de empleados públicos, gastos en el Plan de Salud del Gobierno y en los contratos de servicios profesionales, bajo el alegato de que el presupuesto vigente tiene un déficit de entre 300 a 800 millones de dólares.