En una acción tomada por solicitud de la Junta de Control Fiscal (JCF) y porque está en el interes de los habitantes de Puerto Rico, el Primer Circuito de Apelaciones de Boston ordenó ayer una paralización de todas las acciones relacionadas a PROMESA que están ante el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico.

La intervención del tribunal apelativo supone un detente a la escalada de ataques, públicos y judiciales, entre los acreedores de bonos de Obligaciones Generales (GO), respaldados por el Fondo General y la garantía constitucional de primacia de pago de deuda, y los acreedores de COFINA, respaldados por el ingreso del Impuesto sobre las Ventas y Uso (IVU).

Supone también una victoria de la JCF, que pidió al tribunal una ventana de seis semanas para llevar a cabo negociaciones de reestructuración de deuda, sobre la Administración Rosselló, que el viernes pasado anunció que le pediría al juez federal Francisco Besosa que resolviera la controversia entre los acreedores para el 30 de abril. NotiCel publicó el primicia la solicitud de la JCF el jueves pasado.

Ahora la controversia, y la posibilidad de que la negociación sea influenciada con una declaración judicial que aclare los derechos de cada grupo de acreedores, se quedará en suspenso hasta el 1 de mayo, cuando se acabará la moratoria de pleitos provista por la ley PROMESA y las acciones legales, presumiblemente, se reanudarían.

Los bonistas de GO alegan que la estructura de COFINA es ilegal porque desvía fondos que deben ir al Fondo General para pagarle a ellos, mientras que los bonistas de COFINA sostienen que los de GO han comprado bonos por encima del límite de deuda constitucional, por lo que no tienen derecho a repago.

Con la orden de Boston, quedó en el aire también el pase de papa caliente que los bonistas de COFINA querían hacerle al Tribunal Supremo de Puerto Rico cuando le pidieron al juez federal Francisco Besosa que le certificara las siguientes tres interrogantes al Alto Foro: si no están tarde los bonistas de GO al retar una legislación (la del IVU), 10 años después de creada, si no están fuera de lugar en el reto a los bonos de COFINA cuando las emisiones de bono de los GO advertían que había ingreso desvíado para cumplir con bonos de COFINA y si fue válida y dentro de sus poderes la decisión de la Legislatura de desvíar los ingresos del IVU para pagar bonos COFINA.

En el Plan Fiscal certificado por la JCF la semana pasada, los bonistas de todo tipo recibirían un pago de aproximadamente 23 centavos por cada dólar de valor de su deuda. Esto significa sólo el punto inicial de la negociación, y no se espera que se mantenga a ese nivel necesariamente.

‘Sin una paralización interina, sería fácil preveer que habría daño irreparable a las negociaciones de la Junta Fiscal de PROMESA, que ahora entran en una etapa crítica’, dijeron los jueces apelativos.

‘[E]ncontramos que el interés público cae a favor de paralizar el pleito en la corte de distrito. Los 3.5 millones de ciudadanos americanos que residen en Puerto Rico dependen de una reestructuración exitosa de la deuda del gobierno. Es dentro de las negociaciones de PROMESA, mediadas por la Junta, que los demandantes pueden ahora en una paralización interina buscar protecciones de sus intereses. El interés público favorece este enfoque holístico en vez de un litigio por pedazos’, concluyó el panel que no incluyó al juez puertorriqueño Juan R. Torruella, quien ha sido un crítico acérrimo de la ley federal PROMESA.