El asesor legal del grupo Ad Hoc de Bonistas de Obligaciones Generales (Ad Hoc GO) Andrew Rosenberg acusó a la Junta de Control Fiscal de sabotear intencionalmente las negociaciones encaminadas a lograr una restructuración voluntaria de la deuda con el único propósito de llevar a la quiebra al gobierno de Puerto Rico.

‘Durante meses, la Junta ha hecho múltiples esfuerzos para sabotear las negociaciones consensuadas, para burlar las exigencias de PROMESA y la Constitución de Puerto Rico, y forzar a Puerto Rico a la bancarrota’, dijo el representante de los bonistas constitucionales.

De acuerdo a estos, los miembros de la Junta de Control Fiscal bloquearon la negociación el martes en la noche, justo cuando se estaba alcanzando un acuerdo voluntario.

‘Durante los pasados días la organización AD HOC de Bonistas de Obligaciones Generales (GO’s) y oficiales del gobierno hemos estado negociando un acuerdo consensual. Ayer(martes), justo cuando se estaba alzando un acuerdo, la Junta de Control Fiscal interno para bloquearlo y el gobernador cedió sin objetar a la Junta’, aseguró el representante de los bonistas de GO’s mediante declaraciones escritas.

Además, los bonistas criticaron que, con el inicio formal del proceso de quiebras, el gobernador Ricardo Rosselló pierde todo el poder sobre el proceso de reestructuración de la deuda.

La Ley PROMESA dispone que, a partir de este momento, la Junta de Control Fiscal representará al gobierno ante la Corte. La Junta someterá un plan de ajuste de deudas que puede reducir el principal e intereses de las deudas o proponer una extensión de los términos a ser evaluados por los acreedores y sometido a votación agrupados en sus diferentes categorías o clases. El Tribunal Federal deberá aprobar el plan.

‘Con el inicio de la bancarrota, el gobernador ha perdido todo el poder sobre la reestructuración, y la economía de Puerto Rico será puesta en suspenso por años. No se equivoquen: La Junta Directiva ha decidido convertir a Puerto Rico en la próxima Argentina’, anticiparon los bonistas de Obligaciones Generales.

La JCF activó el miércoles el Título III de la Ley PROMESA que provee para la protección de quiebras para el Gobierno de Puerto Rico y varias de sus entidades, luego de expirar la moratoria contra litigios dispuesta por la ley congresional y no lograr acuerdos voluntarios con los acreedores.

‘Se han hecho múltiples acercamientos y ofertas y desafortunadamente no hemos podido llegar a un acuerdo, explicó desde Washington José B. Carrión, presidente de la Junta Fiscal.

Según Carrión, la radicación de la quiebra bajo el Título III de PROMESA no representa que hayan finalizado las negociaciones con los acreedores en aras de lograr acuerdos voluntarios; por lo que continuará ese proceso de discusión con los grupos de acreedores que estén dispuestos a ello.