La Junta de Control Fiscal (JCF) todavía no ha desarrollado las enmiendas requeridas en el plan fiscal de la Autoridad de Energía Electrica (AEE) que busca reducir la tarifa a 21 centavos por kilovatio hora para el 2023, por lo que aquellos acreedores que forman parte del acuerdo de apoyo a la reestructuración (RSA en ingles) tendrán que esperar para que ese cuerpo apruebe la solicitud de Título VI.

‘Todavía no hemos desarrollado todas las cosas que son requeridas en esas enmiendas, incluyendo el camino hacia los 21 centavos por kilovatio hora. Eso requiere más de lo que originalmente fue propuesto en ese plan fiscal y hasta que ese proceso culmine, hasta que el tope se cumpla, nosotros no hemos hecho decisión alguna sobre la solicitud de Título VI en relación al RSA’, indicó la directora ejecutiva de la JCF, Natalie Jaresko, en una sesión de preguntas y respuestas en la convención de la Asociación de Industriales de Puerto Rico (AIPR).

Al presente la AEE mantiene un RSA con sus acreedores – que incluye tenedores de bonos, aseguradoras y líneas de crédito de combustible – que vence en el mes de septiembre. Con estos, la corporación pública espera poder entrar a un proceso de reestructuración consensual con sus acreedores bajo el amparo del Título 6 de PROMESA, que primero debe ser aprobado por la JCF – que a su vez solicitó enmendar el Plan Fiscal de la Autoridad antes de ver esa solicitud.

Ademas de la meta tarifaria de 21 centavos por kilovatio hora, las enmiendas, según indicó Jaresko, deben incluir cambios operaciones que permitan que la AEE sea más sostenible y permita el uso de energía limpia y de mayor eficiencia a un bajo costo.

En ese sentido, enfatizó que mediante una tarifa más cómoda para individuos y comerciantes, la AEE puede servir como un facilitador para el crecimiento económico y que a su vez aumente el empleo en la isla.

‘Para que la economía puertorriqueña pueda levantarse, es esencial que el pueblo y los negocios tengan energía eléctrica a menor costo y más confiable para permitir a la Isla ser más competitiva a través de sectores industriales importantes’, sostuvo la directora ejecutiva de la Junta.

Insiste a acreedores y gobierno a trabajar juntos

Para Jaresko, los acreedores están dentro todo su derecho de velar por sus intereses y exigir la devolución de sus inversiones en la AEE. Sin embargo, indicó que el gobierno también tiene derecho a velar por sus propios intereses y de trabajar bajo las realidades económicas del presente.

Aun así, sentenció que el rol de la JCF en esta controversia es velar por los intereses de la Isla como uno entero, tomando en cuenta el dinero disponible para el servicio de la deuda. Sin embargo aclaró que esto no supone que no le pagarán de vuelta a los acreedores, sino que – debido al problema de liquidez y solvencia que encara el estado – deben entender la situación y trabajar junto al gobierno para que todos sean exitosos.

‘Si Puerto Rico no tiene éxito, los acreedores no tendrán éxito. Así que al final nuestros intereses deben estar alineados. Cómo llegamos ahí? tenemos miles de caminos posibles para reestructurar la deuda, como ‘haircuts’, reducción de la deuda, no reducción de la deuda, empujándola afuera, empujándola adelante, empujándola hacia otros instrumentos. Hay miles de variantes distintas’, sostuvo Jaresko.