La jueza Laura Taylor Swain, quien preside el caso de quiebra del gobierno de Puerto Rico, rechazó darle un ‘espacio para respirar’ al gobierno en las miles de paralizaciones de pleitos que la Administración Rosselló busca lograr como parte del proceso de quiebra.

Desde que el gobierno se acogió a la protección del Título III de la Ley PROMESA e inició el proceso de quiebra y reestructuración de quiebra en mayo pasado, el gobierno ha estado solicitando la paralización de todo tipo de pleito, desde demandas por despidos hasta confiscaciones de vehículos por carreras clandestinas y casos de expropiación. También por casos relacionados a educación especial.

Esto ha obligado a que la jueza Taylor Swain tenga que atender varias solicitudes en la que las partes afectadas por la paralización solicitan un levantamiento de esa paralización.

En uno de esos casos, el gobierno pidió que no se levantara ninguna paralización en por lo menos 180 días porque hay sobre 5,200 casos pendientes y el gobierno quería ‘espacio para respirar’ y atender estos casos dentro del contexto del proceso de quiebra ya que no hay garantía de que las reclamaciones en esos casos se puedan pagar dentro de un plan de ajuste de deudas.

Pero la jueza declinó la solicitud.

‘Aún si el tribunal le diera crédito a las aseveraciones del gobierno sobre el volumen de pleitos que se han paralizado después de la radicación del Título III, el miedo del gobierno de un diluvio de solicitudes de levantamiento de paralización ha probado ser, hasta ahora, infundado. Ya han pasado sobre dos meses desde que el gobierno radicó su petición de Título III y no más de un puñado de dichas mociones se han radicado. Es cierto que el gobierno debe formular un proceso para atender en el contexto del Título III los litigios que estaban pendientes antes de la petición, pero el tribunal concluye que una extensión extraordinaria de la paralización (en el caso de marras) no es necesaria para darle al gobierno una oportunidad para formular dicho proceso’, resolvió Taylor Swain en uno de esos casos.

Alfonso Orona Amilivia, principal asesor legal del Primer Ejecutivo, explicó a NotiCel cómo el gobierno ha conseguido paralizar cientos de pleitos legales en su contra debido a la radicación de la quiebra bajo el Título III.

‘Cuando el estado toma la la protección del capítulo 9 pues no puede virar ciertos pleitos. En el Título III el estado puede tomar la determinación de qué casos seguirán viéndose en el Tribunal Federal y qué casos se mantienen bajo el Título III’, explicó Orona.

A raíz de la paralización de decenas de casos, que no tienen que ver directamente con cobro de la deuda, Orona indicó que, ‘una vez el gobierno se acoge al Título III todos los pleitos, conlleven o no compensación económica por parte del estado, se paralizan. La paralización aplica a todos los casos’.

No obstante, la ley establece ciertas excepciones donde la paralización automática no aplica. Por ejemplo, casos donde se vindican derechos constitucionales, o casos de expropiaciones; si el estado es el que comete la expropiación.

‘Para activar nuevamente esos casos pueden pasar dos cosas: que el deudor vaya a donde la jueza del caso de Título III, Laura Taylor Swain y solicite que se levante la paralización o que el estado también haga una petición a casos específicos’, puntualizó el principal asesor legal.