Para el expresidente de la Comisión para la Auditoría de la deuda, Roberto Pagán, el anuncio emitido ayer por la Junta de Control Fiscal (JCF) de que estarían investigando la deuda resultó cuestionable.

No obstante, para el integrante de la recién creada Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público, la reciente solicitud ante el tribunal Federal, por un grupo de acreedores no asegurados para una investigación ante el rol del Banco Popular, el Banco Santander y el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) sobre las emisiones de bonos efectuadas que llevaron a Puerto Rico a la presente crisis fiscal– producto del caso de Título III que se tramita en ese foro – podría resultar en la revelación de posibles violaciones tanto a la constitución de Puerto Rico como a leyes financieras federales que podrían arrojar luz sobre las causas de la crisis fiscal.

‘Nos ayudaría incluso a establecer la posibilidad de invalidar alguna de esa deuda y tan importante como la anterior, la posibilidad de poder establecer responsabilidades a estas posibles violaciones’, dijo Pagán a NotiCel.

Paralelo a esta gestión de los acreedores no asegurados también se encuentra la Junta, cuerpo que anunció recientemente que llevarían a cabo una auditoría de la deuda. Para el también líder sindical, esta acción resulta cuestionable debido a la férrea insistencia de ese cuerpo en insistir que una auditoría a la deuda pública no sería necesaria ni productiva.

En ese sentido, Pagán recordó que el propio presidente de la JCF, José Carrión III había manifestado que la auditoría era ‘una pérdida de tiempo’ mientras la administración de gobierno, por voz de tanto el gobernador Ricardo Rosselló Nevares como por su anterior representante ante la JCF, Elías Sánchez, habían restado mérito a los trabajos de la comisión y aseguraron que los tribunales realizarían dicho ejercicio.

‘No tendría, desde mi punto de vista, ninguna legitimidad cualquier tipo de alegada auditoria que vaya a hacer la JCF’, manifestó Pagán. De paso agregó que según el protocolo aprobado por ese cuerpo, no están obligados a dar a conocer los detalles completos sobre esa investigación y podrán determinar qué información hacen público, cuándo y de qué manera.

‘En términos que haga una auditoria la JCF, es una auditoria cuestionable. Hay miembros de la Junta que poseen bonos de Puerto Rico. Hay dos miembros que han sido señalados y como cuestión de hechos formaron parte de las emisiones a través del BGF y formaron parte del Banco Santander que ha sido un actor protagónico en los procesos de emisión de bonos de los últimos años’, dijo Pagán en referencia a los integrantes Carlos García y José González.

Entretanto, la Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público continuará con sus esfuerzos para iniciar el ejercicio de auditoría. Al presente, la comisión estableció acuerdos con una empresa local conocida como Zoom Ideal para encaminar una campaña de crowdfunding para financiar las auditorías a las emisiones de bonos más recientes que serían delegadas a una firma extranjera.

Aunque para Pagán el Tribunal Federal tiene el beneficio de tener la autoridad para hacer requerimientos de información al gobierno y los recursos para dar a conocer los hallazgos durante el trámite judicial, los trabajos de la Comisión se sostienen en la medida que puedan servir de complemento a esos hallazgos como también para que otros sectores afectados puedan llevar esa información ante la consideración de la corte.

‘Tanto cualquier descubrimiento que se haga a través del tribunal y esta solicitud de este comité de acreedores, como cualquier información que pueda surgir a través de una auditoría independiente de la comisión ciudadana puede ser utilizada y el pueblo tendría la capacidad para presionar al gobierno para que utilice esa información para invalidar en los tribunales cualquier tipo de deuda, y puede ser utilizado también por acreedores, incluyendo trabajadores representados por sindicatos que forman parte del comité de acreedores’, sostuvo Pagán.