Levantan banderas sobre facturación de abogados

Una treintena de bufetes y firmas de consultoría presentaron ante el Tribunal Federal un total de 40 facturas para recibir compensación de parte del Gobierno de Puerto Rico por más de $75 millones, más $2.05 millones en gastos reembolsables. Esto solamente corresponde a un periodo de cinco meses –del 3 de mayo de 2017 hasta el 30 de septiembre.

De esta cantidad, más de $52 millones se repartirían entre cinco compañías: las firmas consultoras McKinsey & Co. y Deloitte, y los bufetes Proskauer Rose, O’Melveny y Paul Hastings.

Así se desprende del informe radicado ante el Tribunal Federal en la tarde del 1 de marzo por Brady Williamson y el bufete Godfrey & Kahn, encargados de examinar las facturas de los profesionales que trabajan en la quiebra de Puerto Rico.

Al margen del costo en abogados y consultores en la quiebra de la Isla, el informe señala, por ejemplo, la inexperiencia de algunos profesionales facturando en casos de quiebra; una gran duplicidad de esfuerzos facturados; la cantidad de abogados y consultores asistiendo a los procesos judiciales; la cuantía y disparidad en lo que estos profesionales cobran por hora; y el exceso en gastos reembolsables, como ‘cargos de cientos de miles’ en investigación electrónica y bases de datos, entre otras.

Al ser la primera ronda de facturación en el caso, a juicio de Williamson, no se debe ser ‘tan rígido’ al momento de implantar deducciones a las facturas u objetar la solicitud de cobro por incumplimiento con las guías y estándares establecidos para el pago de estos gastos y honorarios.

‘El primer periodo de facturación en cualquier reorganización que se espere que sea de larga duración, no es el lugar para trazar rayas en la arena o para la aplicación rígida de las reglas y guías. Al contrario, ofrece al Tribunal, los profesionales y el público una conciencia renovada del costo masivo de procesos complejos de reestructuración, y sirve de comienzo para desarrollar herramientas específicas para monitorear y –ojalá– controlar estos costos de manera apropiada bajo el estándar de razonabilidad’, dice el informe.

Así las cosas, Williamson recomendó el pago de $49.75 millones, casi $1 millón menos que el monto original, tras la revisión inicial y deducciones del examinador. Al comparar las cifras, los ajustes negociados apenas alcanzan un 2% de la facturación inicial. Para este primer ciclo, aún quedan por autorizar $26.3 millones correspondientes a 10 facturas presentadas por profesionales contratados por la Junta de Control Fiscal (JCF) y el Gobierno.

De hecho, el Gobierno solamente objetó una de estas facturas, la de Willkie Farr, abogados del agente que nombró la JCF para defender los intereses de los acreedores de Cofina en la disputa sobre a quien le pertenece parte de los recaudos del IVU. Esta ha sido la única objeción presentada por cualquier parte en el tribunal en contra de alguna factura.

Similar al proceso bajo el Capítulo 11 del Código de Quiebras federal, PROMESA permite la compensación de ‘profesionales’, o los consultores, asesores financieros y abogados contratados por el Gobierno, la Junta de Control Fiscal (JCF) y los comites oficiales que representan a los retirados y acreedores no asegurados en los casos de quiebra bajo el Título III de PROMESA. Todos sus servicios van con cargo a la chequera del deudor, en este caso, el Gobierno de Puerto Rico y las cuatro entidades públicas actualmente bajo Título III: la Autoridad de Energía Electrica (AEE), la Corporación del Fondo para el Interes Apremiante (COFINA), la Autoridad de Carreteras (ACT) y el Sistema de Retiro (ERS).

Según la versión del 12 de febrero del plan fiscal revisado este año, la administración del gobernador Ricardo Rosselló Nevares estimó en $19 millones los ‘gastos relacionados a Título III’ durante el año fiscal corriente, mientras que proyecta un total de $300 millones hasta el 2023. No obstante, no queda claro que exactamente recoge esta partida. Una petición de información a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) no ha sido contestada.

Los profesionales deben someter sus facturas ante el Tribunal Federal cada tres meses por ‘periodo de compensación’, al igual que al examinador, quien analiza la ‘razonabilidad’ y ‘necesidad’ del monto solicitado. De manera confidencial, Williamson puede atender y discutir con la firma o bufete cualquier discrepancia o preocupación que tenga con alguna factura, previo a someter su informe y recomendación final al tribunal.

De las 40 solicitudes recibidas al día de hoy, el examinador requirió cambios o revisó nuevamente 30 de estas antes de dar el visto bueno para el pago. El próximo 7 de marzo, la jueza Laura Taylor Swain pasará revista sobre el informe del examinador para el primer periodo, que incluye sobre 100,000 entradas hechas por más de 760 ‘profesionales’.

Unas 10 solicitudes de compensación, correspondientes a los bufetes Proskauer y O’Neill & Borges, las firmas de consultoría McKinsey & Co. y Ankura, y el economista Andrew Wolfe, continúan bajo evaluación, y el informe recomienda posponer su discusión en el tribunal hasta la vista del 25 de abril.

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