Fondos de recuperación desviados a bonistas

‘Calvario seguro, ganancia insegura’ es el escenario que actualmente le toca a Puerto Rico de acuerdo a un análisis del Plan de Ajuste Fiscal certificado por la Junta de Control Fiscal (JCF) a finales de mayo, llevado a cabo por Lara Merling y Jake Johnston del Centro Investigativo de Políticas y Economía (Center for Economic and Policy Research – CEPR).

‘La Junta certificó un plan fiscal con grandes recortes a servicios públicos persiguiendo un superávit presupuestario para pagar la deuda’, sostuvieron los investigadores, quienes tambien destacaron que el Congreso de Estados Unidos fue claro en que no se puede usar ningún fondo para la recuperación del país devastado por el huracán María el pasado septiembre para pagar a los acreedores del Gobierno.

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‘El pueblo de Puerto Rico continúa recibiendo muy poco apoyo de los oficiales electos, más bien le piden que soporte la carga de austeridad impuesta, cuando los estimados por las muertes de María superan los miles y muchos continúan sin servicio de electricidad’, acotó Merling.

El eje del plan fiscal es la reforma laboral, que ‘sin duda erosionará los derechos laborales en Puerto Rico’, en un mercado laboral que aunque incluya beneficios de incentivos contributivos por trabajar nunca superará o si quiera se acercará a los salarios de los estados con un costo de vida comparable al de la isla. ‘Es poco probable que en el contexto de la deprimida economía puertorriqueña estas reformas aumenten el empleo’, conluye el estudio del CEPR.

La tasa de participación laboral en Puerto Rico ha sido históricamente más baja que en Estados Unidos, pero ha declinado durante la pasada decada, de 47 por ciento en el 2007 a 41.6 hoy. De igual modo, tiene una alta tasa de desempleo, actualmente situada en 9.9 %, dos veces y medio más elevada que en EE.UU. A medida que empeoró la economía y la gente partió a los estoads, el tamaño de la fuerza laboral cayó a 20 % en la pasada decada.

Además, la Junta ha pedido que se obliguen nuevos requisitos de empleo a los beneficiarios del programa de nutrición federal (PAN), pese al difícil escenario laboral en la isla.

‘Lamentablemente a la Junta no pareciera importarle la seguridad y bienestar de los puertorriqueños, aún cuando el país se encuentra sumergido en una crisis humanitaria, que ya han cobrado la vida de miles. Prevenir más muertes innecesarias y privaciones económicas debe ser la prioridad de las autoridades responsables, cinluyendo el gobernador (de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares) y el presidente de Estados Unidos (Donald Trump’, concluye Merling.

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Por otro lado, el plan fiscal incluye tambien recortes en todas las agencias, especialmente educación y salud. De igual modo la emprende contra los municipios, que muchas veces cargan con la tarea de brindar servicios esenciales. Según la JCF, los recortes en gastos operacionales tienen que alcanzar $9,500 millones o 2.2 por ciento del producto nacional bruto en seis años, además de apostar a la privatización de corporaciones públicas.

No obstante, la Junta no aborda los problemas estructurales producto de la relación política disfuncional con EE.UU. Como nota el estudio, pequeños cambios en políticas federales, como eliminar el proceso de reembolsar fondos Medicaid para mejorar la situación del sistema de salud, mejorarían la situación fiscal de la Isla. Incluso, apunta que si el gobierno federal tratara del mismo modo que trata a sus ciudadanos en los estados a los residentes en Puerto Rico, el aumento de ayudas federales sería más grande que todos los recortes contenidos en el plan fiscal. En terminos de igualar fondos Medicad solamente, el resultado serían $9,200 millones adicionales en fondos.

Sin embargo, ni el plan fiscal ni el presupuesto reduce los millones de dólares que se gastarán en la litigación del caso del Título III bajo la Ley PROMESA para negociar las deudas entre el Gobierno y los bonistas. Incluso, la JCF se aumentó el presupuesto para el próximo año fiscal 2019. Se estima que por los próximos seis años, Puerto Rico gastará $1,500 millones en abogados, asesores y la Junta.

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El estudio advierte tambien que las medidas de austeridad, combinadas a la precaria situación del país a casi nueve meses del paso de María, aumentará sin duda la migración a los estados por lo que anticipa la influencia que tendrá la diáspora en las elecciones y política en Washington.

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), la economía de Puerto Rico en 2023 estará en niveles más bajos que en 1997. Incluso tomando en cuenta la baja poblacional y usando el producto interno bruto per cápita como medida, los puertorriqueños no estarán mejor en 2023 de cómo estuvieron en 2003. En conclusión, los estimados de la Junta Fiscal contenidos en el plan fiscal son demasiado optimistas en comparación a los del FMI.