Por comparar pensiones de P.R. y Detroit

El Comite Oficial de Empleados Retirados del Gobierno de Puerto Rico (COR) corrigió al presidente de la Junta de Control Fiscal (JCF), Jose Carrión III, tras los recientes intentos de justificar el recorte de 10 por ciento a las pensiones utilizando como ejemplo lo sucedido con las pensiones en el caso de la quiebra de la ciudad de Detroit ya que toma como base supuestos incorrectos.

De acuerdo con los datos obtenidos por el COR, Detroit no hizo ninguna rebaja a las pensiones de policías y bomberos retirados. Solo recortó en 4.5% las pensiones de los demás retirados, contrario al 22 por ciento argumentado por el Presidente de la JCF. El único cambio en los beneficios que estos jubilados experimentaron fue una reducción al ajuste anual por costo de vida (COLA) de 2.25% a 1%.

La última vez que los jubilados en Puerto Rico recibieron un ajuste por COLA en sus pensiones fue hace más de diez años. En Detroit, los jubilados del Sistema de Retiro General experimentaron una reducción en sus pensiones de solo 4.5% y la eliminación futura del ajuste por COLA.

‘Lo cierto es que Detroit no redujo significativamente los beneficios de las pensiones de sus niveles previos a la bancarrota; y aunque redujo, y en algunos casos eliminó, aumentos futuros de los beneficios de pensión, insistir en que la reducción fue de 22% es un error’, señaló el juez retirado y presidente del COR, Miguel Fabre, en comunicado de prensa.

Por otro lado, los datos del COR demuestran que, aunque las pensiones en Detroit son relativamente modestas -según los estándares de Estados Unidos- en promedio son significativamente más altas que las pensiones en Puerto Rico, donde la pensión media está por debajo del nivel federal de pobreza.

El beneficio de pensión promedio para los retirados del gobierno en Puerto Rico ronda los $12,000 por año, muy por debajo del beneficio promedio para los retirados de la ciudad de Detroit, quienes recibían una pensión promedio de $20,000, que tras el ajuste, vio una reducción de $900.

Fabre recalcó que antes de que Puerto Rico recurriera al Título III de PROMESA, sus pensionados ya habían sufrido reducciones significativas en sus beneficios de retiro, los cuáles han sido ignorados por la Junta en su insistencia por imponer mayores reducciones.

El Comite Oficial de Retirados del Gobierno de Puerto Rico fue autorizado y nombrado por la Síndico Federal para representar los intereses colectivos de 167,000 empleados públicos en los casos de Título III para restructurar la deuda del Gobierno de Puerto Rico bajo la ley federal PROMESA.