El ente dictamina recortes en las propuestas para la Universidad de Puerto Rico, municipios y la emergencia climática.

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) recortó varias propuestas del primer presupuesto de la Administración Pierluisi y ordenó iniciar el proceso entre el Ejecutivo y el Legislativo para asegurar la reserva de $750 millones que requiere el contrato mediante el que la operación de la red eléctrica de la isla se transferiría a LUMA Energy LLC el 1 de junio.

En el caso de los fondos para el contrato de LUMA, la Junta estableció un calendario para revisar una partida presupuestaria especial que llama para que la transferencia de $750 millones del gobierno central a la AEE esté completada para el 12 de mayo. La reserva total en la AEE para atender los costos del contrato con LUMA será de $1,000 millones, $750 millones de los cuales son una “contribución” del gobierno a la corporación pública y el resto se completa con dinero en efectivo de las cuentas de la AEE.

La activación del proceso presupuestario coincide con cartas que recibieron el jueves miles de empleados de la AEE anunciándoles su transferencia a distintas agencias del gobierno. No se conoce todavía cuál es el impacto presupuestario de esos movimientos de personal, pero el resultado es que el gobierno acaba pagando a la AEE para poder cubrir el contrato del operador privado y, a la vez, asumiendo la nómina de miles de empleados que ahora están en la nómina de la corporación pública.

En cuanto al presupuesto, la Junta notificó violaciones al gobernador Pedro Pierluisi e introdujo sus “correcciones” basadas en inconsistencias con el Plan Fiscal, posibilidad de usar fondos federales en vez de locales, cambiar el uso de los fondos o condicionamiento a que el gobierno complete ciertos logros administrativos.

Con resultado de reducción a $0 quedaron las propuestas para: $94 millones adicionales para la Universidad de Puerto Rico (UPR), $44 millones adicionales para municipios, $5.5 millones para un programa piloto contra la pobreza infantil, $15 millones de nómina adicional para la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), $2 millones adicionales para la Oficina del Gobernador, $24 millones para programa de empleos para recién graduados y retirados, $18 millones para iniciativas por la emergencia climática bajo el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, $15 millones para aumentos a empleados del Departamento de Corrección, $3 millones para la Oficina del Principal Oficial Financiero, y $1.6 millones para la Orquesta Sinfónica.

Otras reducciones fueron: de $53 millones a $11.5 para reforma del servicio público e iniciativas de reclasificación; de $50 millones a $26.6 para la adquisición de tecnología en el Departamento de Seguridad Pública; de $7 millones a $200,000 para iniciativas contra la violencia de género; de $6.5 millones a $3.3 para reclutar trabajadores sociales en la Administración de Familias y Niños; de $17 millones en tecnología a $2.8 millones para más fiscales en el Departamento de Justicia; y de $2 millones a $300,000 en la Corporación de Difusión Pública.

El ente fiscal notificó sus decisiones a los lideratos Legislativo y del Ejecutivo esta semana. También, reiteró el miércoles su prohibición a que la Legislatura apruebe el P del S 120 (Ley de Retiro Digno) que establece una alternativa para el plan de recorte de pensiones que tiene la Junta.