Enviaron una carta.

A solo minutos de que se continúe en la Cámara de Representantes a una vista que investiga la contratación fallida para la compra de un millón de pruebas de coronavirus a la empresa Apex General Contractors (APEX), la Junta de Control Fiscal (JCF) remitió una carta al Gobierno de Puerto Rico en la que solicita pronta respuesta a sus pedidos de información respecto a esa contratación, y amenaza con acudir a los tribunales si no recibe los detalles que solicitan desde inicios de abril.

La misiva, que firma la directora ejecutiva del ente Natalie Jaresko, tiene copia al representante del Gobierno de Puerto Rico ante la JCF, Omar Marrero y a la propia gobernadora, Wanda Vázquez Garced.

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"[I]nstamos a que brinden la información solicitada de manera voluntaria a más tardar el 20 de abril de 2020, para evitar procesos judiciales innecesarios y costosos", lee la advertencia de la Junta, luego de que alegan haber pedido detalles sobre la compra fallida a Apex General Contractors desde el 5 de abril.

"No han sido comunicativos con respecto a autorizaciones y aprobaciones dentro de la adquisición y el proceso de decisión del contrato", sostiene también la JCF.

En cambio, el organismo creado bajo la Ley de Supervisión, Gerencia y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés), alega que en respuesta, el Gobierno de Puerto Rico puso a su disposición "ciertos funcionarios" para una explicación oral de la situación, más no entregaron documentación de la contratación.

Ante ello, solicitan la entrega de "cualquier comunicación escrita" relacionada con la adquisición y compra a APEX, ya sea electrónico o de otro tipo. También solicitan detalles de la negociación.

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La solicitud de la Junta llega luego de que en la Cámara de Representantes se realizara una primera vista ejecutiva que reveló que Segundo Rodríguez Quilichini, quien lidera el “Task Force” médico que asesora a la Gobernadora sobre la emergencia del coronavirus, así como el doctor Juan L. Salgado Morales, fueron los responsables de introducir, avalar y ordenar la compra de la empresa Apex.

Según el testimonio bajo juramento de Adil Rosa Rivera, quien hasta el 15 de abril continúa destacada como secretaria auxiliar del Departamento de Salud, APEX ofrecía un millón de pruebas a $38 cada una, mientras que la empresa Glovex podía dar 500,000 pruebas a $10 cada una.

Tras esas declaraciones, ayer, Rodríguez Quilichini solicitó ser citado ante la Cámara para ofrecer su versión de los hechos.

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El Gobierno de Puerto Rico encargó un millón de pruebas a Apex General Contractors, una firma que no tenía experiencia médica previa y que se destacaba en el área de construcción. El contrato, que culminó cancelándose, era por $38 millones, y se efectuó un adelanto de $19 millones que luego la empresa devolvió al Departamento de Hacienda (DH).

Aunque la versión oficial apunta a que la contratación de la empresa se canceló por incumplimiento, al no entregar las pruebas rápidas en la fecha acordada, el 31 de marzo, reportes de prensa apuntan a que APEX no pudo cumplir con el requerimiento de la isla luego de que sus cuentas fueran congeladas. La congelación de las cuentas provocó, según reportó el diario El Nuevo Día, que APEX no pudiera completar la transacción con su suplidor, una empresa australiana.

Mira a continuación la carta de la Junta: