Administración Vázquez Garced había dicho que no tenía impacto fiscal, pero Administración Pierluisi dijo que el impacto era de miles de millones.

La Ley 142, que la exgobernadora Wanda Vázquez Garced firmó en octubre de 2020 para ampliar las garantías de acceso a medicamentos y prohibir que el criterio de las aseguradoras sustituya al de los médicos como “criterio rector y exclusivo para determinar el tratamiento a seguir en un paciente”, debe ser enmendada, revocada, o se le pedirá al tribunal que la anule, advirtió la Junta de Supervisón Fiscal (JSF) en una comunicación al gobierno.

Aparte de darle prioridad al criterio médico sobre el de la aseguradora, la medida requiere que las aseguradoras mantenga cobertura de medicamentos mientras están pendiente de resolución reclamos del paciente por decisiones de cobertura de la aseguradora; requiere a las aseguradoras indicar claramente sus razones para denegar cobertura de medicamentos recetados; y acorta el periodo dentro del que a las aseguradoras se les requiere contestar una reclamación por denegación de cubierta de 72 a 48 horas y de 36 a 24 horas en casos de medicamentos controlados.

Al ser aprobada, el gobierno de Vázquez Garced le dijo a la Junta que la legislación no tenía impacto fiscal y no era “inconsistente” con el Plan Fiscal. Pero la JSF le pidió una certificación formal a la nueva administración del gobernador Pedro Pierluisi, y la Administración de Seguros de Salud (ASES) indicó que la ley aumentaría los costos del Plan Vital por aproximadamente $5,400 millones anuales. Además, que la “eliminación de medidas de ahorro implementadas rutinariamente por las aseguradoras al proveer cobertura en el Plan Vital”, impactaría por entre $51.5 a $367.9 millones en costos de cobertura de medicamentos bajo Plan Vital.

La propia carta aclara que estas afirmaciones sobre el impacto fiscal no son resultado de un análisis actuarial ni han sido corroboradas de manera independiente, ya que solo son resultado de “una extrapolación de experiencias recientes con reclamaciones”.

A pesar de estas reservas sobre los cálculos, el gobierno concluyó que, según aplica al Plan Vital, la ley es “inconsistente” con el Plan Fiscal, por lo que la Junta estableció un plazo hasta el 7 de mayo para que la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) le confirme si el Gobernador va a procurar enmiendas a la ley, su derogación o, en la alternativa, una confirmación de que el gobierno no va a objetar que la Junta pida la anulación del estatuto a la jueza de quiebras.

El récord legislativo refleja que la medida tuvo ponencias a favor de la propia ASES (que luego proveyó el estimado de costos indicado), la Oficina del Comisionado de Seguros y el Departamento de Salud. En contra se expresó la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico y con solicitudes de enmienda intervinieron la Alianza Pro-Acceso a Medicamentos, la Asociación de las Farmacias de la Comunidad y los colegios de Farmacéuticos y de Médicos Cirujanos.

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