El grupo de estudio de política económica sugiere desechar el esquema de la Junta, devolverle autoridad fiscal al Gobierno de Puerto Rico y crear un proceso con más peso en el desarrollo económico.

En palabras del fenecido juez apelativo federal puertorriqueño, Juan R. Torruella, la Ley PROMESA constituyó el cuarto “experimento de gobernanza” de los Estados Unidos con su colonia caribeña y, en su quinto aniversario, el experimento ya se puede declarar un fracaso, según un análisis del Centro para una Nueva Económica (CNE).

“Para ser justos, Puerto Rico ha tenido un respiro de las reclamaciones de los bonistas y ha podido gastar dinero que de otra manera se habría destinado al servicio de la deuda. Sin embargo, la suspensión de los litigios no se aplicó a otros reclamos legales (no relacionados al pago de la deuda) mientras que el proceso de reestructuración de la deuda, aunque ordenado, ha sido extremadamente lento y costoso”, indica el análisis suscrito por Rosanna Torres, directora de la Oficina de CNE en Washington, D.C., Sergio Marxuach, director de Política Pública, y Deepak Lamba-Nieves, director de Investigación.

Pero, por otro lado, “[c]on respecto a las metas más a largo plazo de PROMESA, aún nos falta mucho para recuperar el acceso a los mercados de capitales y balancear nuestros presupuestos. Mientras tanto, una ‘dictadura para la democracia’ no elegida sigue tomando decisiones cruciales para el futuro de Puerto Rico”.

Y también, la parte de la deuda que se ha logrado reestructurar, ha venido a un costo en honorarios de asesore legales y financieros proyectado a sumar $1,500 millones entre 2018 y 2026, “muy por encima del costo estimado de la Oficina de Presupuesto del Congreso de $370 millones entre los años fiscales 2017-2026”. “Como tal, Puerto Rico está a punto de convertirse en una de las quiebras municipales más caras de la historia”, apuntala el CNE.

La entidad argumenta que esos costos puede que no fueran tan malos si se hubieran usado para levantar en Puerto Rico y su gobierno la capacidad técnica con la que el el aparato gubernamental podría correrse apropiadamente durante la quiebra y después. Pero, “[e]n lugar de emplear personal local interno como una forma de desarrollar experiencia técnica duradera en Puerto Rico y fomentar el talento local, la (Junta) ha optado por gastar en consultores externos, cabilderos y asesores, erosionando aún más la capacidad de Puerto Rico para deshacerse del organismo de control financiero y para implementar con éxito un programa de recuperación a largo plazo”.

El informe recuerda que el actual presidente de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), el profesor David Skeel, está conceptualizando cómo manejar la quiebra de un gobierno desde trabajos académicos mucho antes de la creación de la Ley PROMESA y que sus diseños incluyen austeridad y reformulación de la gobernanza como elementos importantes del proceso de quiebras.

Enfocarse en cortar gastos y en empujar al gobierno a hacer reformas, no solo dentro del gobierno sino en el ámbito económico como los cambios en el campo laboral privado, significa que la Junta no ha echado mano de otras opciones, como limitar las exenciones contributivas y aumentar los recaudos, lo que “puede haber dañado permanentemente instituciones importantes para el desarrollo económico de Puerto Rico, como la Universidad de Puerto Rico”.

“Desde sus inicios, la Junta ha mantenido una agenda de austeridad en Puerto Rico sin éxito… Sin embargo, la Junta ha ignorado consistentemente las advertencias de que sus medidas basadas en la austeridad no están dando resultado”, enfatizaron.

CNE recordó que, en 2016, “el trato que el Congreso le dio a sus súbditos coloniales (fue): reestructuración de la deuda a cambio de la pérdida del control político sobre el gasto público, los impuestos y el endeudamiento”. Hoy, “[a]l mirar hacia atrás y examinar los hechos desde 2016, la conclusión ineludible es que el régimen de bancarrota territorial establecido por esa ley no ha logrado la mayoría de los objetivos planteados por sus autores”.

La entidad recomendó volver a su propuesta alterna a PROMESA, hecha en 2016, de que la quiebra del gobierno se resolviera sin quitarle la autoridad a los oficiales electos, imponiéndoles medidas de transparencia y rendición de cuentas y estableciendo un grupo local con recursos para impulsar el desarrollo económico. Este último elemento, el desarrollo económico, entienden que la Junta lo ha abandonado totalmente en sus planes.

Para ver el informe de CNE, pulse aquí.