El ente fiscal publicó una carta de Pierluisi y anticipó que este miércoles someten un Plan de Ajuste de Deuda enmendado solo para abarcar su visión limitada de la Ley 53.

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) publicó anoche una carta del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia y sometió una moción urgente a la jueza de quiebras, Laura Taylor Swain, que tienen el propósito de que el tribunal oficialice que lo único que va a pasar en la aplicación de la Ley 53 es que se va a detener el recorte propuesto a las pensiones, pero no va a ocurrir nada más con las otras disposiciones del estatuto relacionadas al retiro de los empleados públicos.

De esta manera, el ente fiscal revela la carta que guardaba bajo la manga en las múltiples discusiones públicas que hubo en semanas recientes entre ellos, el Gobernador y la Legislatura sobre la pretensión de que la Ley 53 (antes P de la C 1003) tuviera el efecto de condicionar la emisión de deuda necesaria para el Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) a una serie restricciones y obligaciones que los legisladores querían introducir.

Después de una vista de emergencia el lunes pasado ante Swain debido al tranque con la legislación, la Junta se allanó a la versión final de la Ley 53, evitando así que se activara el proceso de mediación judicial formal que la jueza había dictado como alternativa al tranque. Pero ahora que está firmada por el Gobernador, la Junta acudió a la jueza para pedirle una determinación que sea vinculante para todas las partes sobre qué exactamente significa la Ley 53 en cuanto a las pensiones de los empleados públicos.

Los abogados de la Junta le dijeron a la jueza en una vista ayer que lo que les preocupa es que la Ley 53 se ha interpretado como que condiciona la emisión a lo que pase con los beneficios de pensión de los empleados activos, y de los maestros y jueces, y que, si eso es así, “el Plan no sería implementable”. Añaden que dejarlo a la interpretación crea el riesgo de que, en un futuro, cualquier persona con legitimación acuda al tribunal a revertir la emisión de deuda y el PAD bajo la interpretación de que no se cumplieron las condiciones de la Ley 53.

“Todo esto explota si (se interpreta que) no hemos cumplido con las condiciones”, alegó el licenciado Martin J. Bienenstock a la jueza, a la vez que le anticipó que esperan someter una versión enmendada del PAD, lo que vendría siendo la octava versión del Plan, para este miércoles a medianoche incorporando los cambios de la Ley 53 pero solo bajo su interpretación.

Horas más tarde, radicaron la moción donde hacen clara sus intenciones de poner sobre aviso a todos los participantes del caso, y empleados y pensionados, de que procurarán una determinación de la jueza de que la única condición válida que pone la Ley 53 a la emisión de bonos es la eliminación de la Modificación de los Pagos Mensuales a pensionados, pero no en otras cosas tales como 1) retirar la eliminación de los ajustes por el costo de vida (COLA en inglés) y 2) el congelamiento de los beneficios de pensión. Esto último se refiere a que el Plan ordena que los planes de pensión bajo los que cotizan los empleados activos se van a cambiar de planes de beneficios definidos (un pago mensual hasta la muerte del beneficiario) a planes de contribución definida (al momento de la jubilación, el empleado solo tiene derecho a una cantidad acumulada y ya).

El ente fiscal le dijo a la jueza que esos dos elementos requerirían cambios al Plan Fiscal que ellos no van a hacer, por lo que el PAD no podría ser confirmado si se mantienen como condiciones obligatorias de la emisión. Añadieron que estos elementos harían que el Plan no fuera “factible”, que es un requisito legal para su confirmación, porque significan un renglón de gastos indefinido que puede crecer a futuro.

Lo que la Junta acepta como condición es la eliminación de la propuesta para reducir en 8.5% los pagos a los empleados ya jubilados cuya pensión mensual fuera de más de $1,500. “El único significado posible de ‘cero recorte a las pensiones’ es la eliminación de la Modificación del Beneficio Mensual, y no que tengan que ser eliminadas la congelación de beneficios definidos o la cancelación del ajuste de costo de vida”, especificaron en el documento.

A la misma vez que solicitaron esto al tribunal, revelaron una carta que les envió Pierluisi Urutia al firmar la ley, en la que el mandatario promete hacer cumplir lo que determine Swain y reitera que lo relacionado al retiro de maestros y jueces no está gobernador por la Ley 53 sino que es algo “aparte”.

“[La Ley 53] autoriza la emisión de deuda nueva que es crítica a la realización del Plan, que resultará en cientos de millones de dólares de ahorro de deuda que en última instancia beneficiará al pueblo de Puerto Rico y su prosperidad a largo plazo. Con relación al propuesto congelamiento de los planes de beneficio definido para maestros y jueces, esto es un tema separado de la Ley 53. Para estar claros, la Ley 53 no implementa la congelación ni previene que ocurra una congelación; el tema de cualquier congelación será atendido en conexión con las objeciones que ya se han sometido contra el Plan”, indica Pierluisi Urrutia en la carta del 27 de octubre al presidente de la JSF, David A. Skeel.

“Por favor, quédese tranquilo que mi Administración está totalmente comprometida con trabajar con la Junta para atender y aliviar cualquier preocupación que quede con relación a cualquier argumento de que la legislación no permite la autorización de los bonos en los términos en que la Junta ya indicó que pretende proseguir en un plan de ajuste revisado”, añadió.

Skeel le contestó expresando que suscribe la interpretación del Gobernador de que el tema de los beneficios de pensión son “separados de la Ley 53” y recordándole que todavía le debe el análisis del gobierno sobre el impacto fiscal que tiene la nueva ley. Esto es indicativo de que la Junta todavía mantiene en su caja de herramientas la alternativa de invalidar la ley por no estar acorde con el Plan Fiscal.

El aviso que la Junta quiere que la jueza apruebe se notificaría a las partes mediante publicación en periódicos locales, en Florida y en Nueva York así como que se le pediría al suplidor de notificaciones del caso, Prime Clerk LLC, que lo distribuya a las 84,000 partes interesadas que tiene en su registro. Este es el mismo registro que ha estado bajo fuego por deficiencias en el proceso de votación para aprobación del Plan.

Las partes tendrían hasta las 5:00 pm del 12 de noviembre para objetar pero, en una disposición cuya justificación no está clara en el documento, las objeciones tendrían que presentarse en papel a los abogados de la Junta y el Gobierno en Nueva York, en vez de meramente a través del propio sistema digital de Prime Clerk.

Este calendario propuesto implica que la solicitud de determinación judicial sobre el alcance de la Ley 53 se estaría discutiendo a la misma vez que la jueza evalúa el Plan de Ajuste, lo que comenzará a hacer formalmente mediante vista el 8 de noviembre.

Cuando la Junta le adelantó su plan a la jueza en la vista de ayer, el acreedor Peter Hein, que representa por derecho propio a los acreedores individuales, levantó una objeción preliminar y reclamó que la propuesta representa un cambio “material” al Plan que requeriría que el mismo se volviera a someter a votación.

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