Dice que es inconsistente con Plan Fiscal

La Junta de Control Fiscal (JCF) le comunicó hoy, jueves, al gobernador Ricardo Rosselló Nevares y los presidentes legislativos que la Ley 119, que crea las escuelas libres de drogas y armas, es significativamente inconsistente con el Plan Fiscal del Gobierno, de acuerdo con la sección 204(a)(2)(C), de la ley PROMESA.

Según la JCF, el presupuesto para poner en marcha dicha ley 119 no está considerado en el Plan Fiscal del Gobierno ni en el presupuesto y que dicha ley tambien afectará la elegibilidad de Puerto Rico para solicitar fondos federales.

La JCF solicitó a Rosselló y a los presidentes legislativos a que corrijan la ley para eliminar las inconsistencias con el Plan Fiscal del Gobierno o que provea una explicación que la Junta entienda apropiada y razonable.

La respuesta del Gobierno debe llegar en o antes del 19 de enero.

‘Note que si ustedes fallan en corregir la ley 119 para eliminar la inconsistencia o en proveer una explicación razonable y apropiada, la Junta Fiscal podrá tomar medidas que entienda necesarias, incluyendo el evitar que dicha ley sea aplicada’, indicó el presidente del ente federal, Jose Carrión III.

El 15 de noviembre de 2017, la gobernadora interina, Wanda Vázquez –a petición del gobernador Ricardo Rosselló Nevares– impartió un veto al Proyecto del Senado 43 aprobado por la Asamblea Legislativa que creaba un programa de para las escuelas libre de drogas y armas.

‘Esta ley tiene el propósito de establecer mecanismos y acciones concertadas para eliminar el uso y tráfico ilegal de drogas y armas en las escuelas del sistema de educación pública. Por lo que busca prevenir, proteger y atender la salud, seguridad y bienestar de estudiantes y del personal escolar’, dijo en su momento el presidente cameral, Carlos ‘Johnny’ Mendez.

Aunque el gobernador coincidía con los propósitos y fines de la medida, según fue redactada, tenía impacto fiscal. El 27 de noviembre de 2017, la Asamblea Legislativa aprobó la medida dejando sin efecto el veto del ejecutivo y convirtiendola en la Ley 119 de 2017.

‘Al amparo de la Ley federal conocida como PROMESA, por sus siglas en ingles, la JSF notificó durante el día de hoy que la Ley 119 de 2017 no podía ser certificada por tener inconsistencias con el Plan Fiscal aprobado’, explicó Portela Franco.

Ante esto, el director de AAFAF señaló que la intención del gobernador es trabajar junto al liderato legislativo una medida para lograr los fines originales maximizando los fondos federales bajo los programas actuales del Departamento de Educación.

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