El ente fiscal aprobó un incentivo contributivo que actualmente aplica a solo dos cirujanos, con la intención de que pueda aumentar la facultad médica del Centro Cardiovascular.

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) avaló la Ley 70 de 2023 que concede beneficios de contribución reducida a cirujanos cardiovasculares que laboren a tiempo completo en el Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe (CCPRC), algo que ahora solo aplica a dos cirujanos, aunque el propósito es que se incentive a que más de estos galenos se conviertan en facultad a tiempo completo del centro.

En una carta ayer, la JSF dijo que la Administración Pierluisi no le envió materiales adecuados para defender la ley bajo los requisitos del Plan Fiscal, pero que las justificaciones para el estatuto son “razonables”, por lo que prestaban su aval al mismo.

Debido a que el gobierno no proveyó certificaciones fiscales apropiadas bajo la Ley PROMESA, la Junta aclaró que su aval a esta ley no establece ningún precedente y que se reservan el derecho de revocar la legislación una vez tengan información real de los costos que tienen los decretos contributivos.

El ente fiscal observó que hay solo unos 15 cirujanos cardiovasculares en la Isla, que tienen una mediana de 60 años de edad y que no hay estudiantes residentes de esa especialidad para proveer una continuidad en esta práctica. Promover que los cirujanos actuales no se vayan, y que puedan llegar más, cumple con la meta del Plan Fiscal de asegurar “cuidado médico de alta calidad y asequible”.

Solo dos de los cirujanos cardiovasculares están a tiempo completo en el CCPRC: Iván González Cancel y Cid Quintana Rodríguez.

Según la Ley 70, el beneficio contributivo no estará disponible para cualquier cirujano cardiovascular, sino solo aquellos que se comprometan a prestar servicio a tiempo completo en el Centro durante la duración del decreto contributivo. Los actuales y los que quieran unirse al Centro, tienen hasta el 31 de diciembre de 2024 para solicitar el decreto, que tienen que aprobar los secretarios de Salud y de Hacienda.

En aras de promover la retención de personal médico en el resto del gobierno y en el Centro, la Ley 70 también tiene disposiciones que permite a este personal tener compensación adicional y aumentos de sueldo en circunstancias en que estaría prohibido para otros empleados del Ejecutivo y faculta al CCPRC a adoptar su propias reglas para ejecutar contratos y acuerdos de forma “más expedita y prioritaria”.

Junta somete legislación para retiro de AEE y APP de Puertos

También ayer, la JSF le sometió a la Legislatura un borrador de resolución conjunta con la que se aprobaría un préstamo del gobierno a la Autoridad de los Puertos por $320 millones para “facilitar el cierre del Contrato de Alianza Público Privada de los Terminales de Crucero de la Bahía de San Juan”. Los términos de repago los aprobará la Junta luego.

En agosto de 2022, el gobierno anunció la selección de San Juan Cruise Port LLC, una subsidiaria de Global Ports Holding para una concesión de 30 años durante la que se supone que el operador privado contribuya $400 millones para modernizar las facilidades de cruceros en los muelles 1, 3, 4 y del 11 al 14, así como los muelles Panamericanos I y II.

El mecanismo que utilizó la Junta para la aprobación de este préstamo fue revisar un borrador de resolución conjunta que le envió el gobernador y entonces pasarle la resolución a los presidentes legislativos con la instrucción de que deben aprobarla y, de no hacerlo, el ente fiscal sometería la resolución a la Legislatura y al Gobernador y la misma se entendería aprobada y vigente.

El mismo mecanismo utilizaron la semana pasada para un préstamo de $300 millones del gobierno a la Autoridad de Energía Eléctrica con el propósito de financiar pagos de su sistema de retiro.