Tras una carta emitida esta tarde por la Junta de Control Fiscal (JCF) donde se le exigió al gobierno central unos $319 millones más en recorte, el gobernador Ricardo Rosselló reconoció que hay áreas ‘que requieren mayor atención’, no obstante aseguró que ‘estare tomando acción para lograr un presupuesto que le responda al Pueblo de Puerto Rico’.

‘En el día de hoy los presidentes legislativos enviaron una notificación a la JCF en la que respaldan que establezca comunicación con el organismo y revise las observaciones sobre el presupuesto y, de encontrar una solución a las observaciones, convoque a la Asamblea Legislativa para atender el tema. Pude leer la carta de la JSF y el documento establece que la gran mayoría del presupuesto es consistente con el Plan Fiscal y con los objetivos. Hay unas áreas en términos de unos gastos legislativos, otros gastos no legislativos, unas consideraciones del right-sizing (reorganización) del Gobierno, entre otras, que requieren mayor atención’, detalla Rosselló en declaraciones escritas

‘Consistente con el esfuerzo que hemos hecho en equipo, tanto el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz; el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos (Johnny) Méndez; y este servidor, estaré tomando acción para lograr un presupuesto que le responda al Pueblo de Puerto Rico y que cumpla con las consideraciones fiscales’, afirma luego el gobernador.

Nuevamente, el gobernador se amparó a la sección 205 de la ley PROMESA para defender su decisión de mantener intacta la jornada laboral, los bonos navideños y las pensiones.

‘La JCF no puede unilateralmente imponer una reducción de jornada laboral, la eliminación de los Bonos de Navidad y la reducción del 10.6% de las pensiones. La ley Promesa es clara y nuestra Administración va a defender al Pueblo de Puerto Rico, reconociendo el impacto nocivo que tendría este tipo de acción propuesta por la JCF[…] son 150,000 familias de puertorriqueños que se verían afectados por estas propuestas, la reducción de un 20% del salario de los servidores públicos implica una potencial reducción de $600 a 700 millones de dólares en la economía de Puerto Rico, que también tendría un efecto devastador. Por tanto, entendemos que reducir la jornada laboral no es una solución, que estamos tomando las acciones adecuadas para cumplir con el Plan Fiscal y con la política pública y, nuevamente, esa facultad, según Promesa, recae en el Ejecutivo’, concluyó el gobernador en su misiva.