La Cámara de Representantes tomó un receso hasta el próximo lunes, 25 de junio, sin discutir la legislación que pretendía darle un nuevo aire a la disputa sobre la derogación de la Ley 80, que aborda el despido injustificado.

El Proyecto de la Cámara (PC) 1661, presentado por los representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP), Jose Enrique ‘Quiquito’ Melendez, Carlos ‘Johnny’ Mendez y Antonio ‘Tony’ Soto, surgió como respuesta directa a la negativa del Senado de eliminar el estatuto de la discordia y honrar el acuerdo entre el gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, y la Junta de Control Fiscal (JCF).

El PC 1661, nombrado ‘Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes en el Trabajo’, promueve la creación de un denominado ‘Fondo Especial para Atender Reclamaciones al amparo de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976’, cuenta que atenderá las reclamaciones por despido injustificado y se nutrirá de las primas que pagan los patronos a la Corporación del Fondo del Seguro de Estado.

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‘[L]a ley que crea la Corporación del Fondo del Seguro del Estado permite que esta pueda usar hasta un 22% de los ingresos provenientes de las primas cobradas, para ser usados en gastos administrativos. De esa partida, y sin poner en riesgo los recursos de los lesionados y sin aumentar la prima a los patronos, podemos separar un siete punto cinco (7.5%) por ciento para establecer un Fondo Especial dirigido a atender las reclamaciones generadas al amparo de la Ley Núm. 80’, se expuso en comunicación escrita.

Previo a esta nueva movida, que se da luego de la determinación del Senado, la Cámara había realizado enmiendas al Proyecto del Senado 1011 que eliminación la Ley 80 prospectivamente. En las enmiendas presentadas por la cámara baja, se incluyó la creación de un fondo parecido al presentado hoy, pero que creaba la ‘Ley del Fondo de Compensación por Despido Injustificado y Reingreso al Ámbito Laboral’.

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Las enmiendas a la Ley 80 en arroz y habichuelas La enmienda presentada por la Cámara pretendía crear un fondo de $100 millones que se iba a nutrir de los $345 millones de la asignación multianual para desarrollo económico y se separarían para que a cada empleado que sea despedido sin justa causa se le asignen $9,500. No obstante, ese monto total no iba a entrar al bolsillo del despedido, sino que se dividirá entre el y un nuevo patrono para lograr un nuevo empleo.

La eliminación de la Ley 80 fue acordada entre Rosselló Nevares y la JCF como parte de una alianza para evitar la eliminación del bono de Navidad y una reducción en días de enfermedad y vacaciones a los empleados de la empresa privada, luego de que el propio gobernador presentara y retirara las medidas que ahora persigue asegurar a los trabajadores.