Se investigarán posibles irregularidades

El lote en Hato Rey donde ubicaría el desarrollo ViewPoint at the Park, primer proyecto crítico aprobado por la Junta de Control Fiscal (JCF), tiene un historial complicado con las agencias gubernamentales que incluyen la eliminación de una deuda cuantiosa que pesaba sobre el contratista y la utilización del terreno para propósitos en contra de la ley.

Según trascendió el lunes durante una vista de la Comisión de Desarrollo de la Ciudad Capital, el lote que fue arrendado por la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) a la empresa desarrolladora, ViewPoint at the Park LLC, actualmente recibe uso como estacionamiento, principalmente para estudiantes y personal de la Universidad Politecnica.

El representante Luis Raúl Torres abundó que la denuncia, que llegó a la atención de la Comisión durante la pasada vista pública, apunta a que el dueño de la empresa desarrolladora, Eduardo Nevares Chaulón, obtiene un provecho de ese uso al lote. La petición que llevó ante la Comisión fue a los efectos de solicitar a la ACT que investigue si en efecto se está subarrendando ese lote a la institución universitaria aledaña.

Durante la vista pública, el presidente de la Comisión, Eddie Charbonier, indicó que ha recibido material que demuestra estudiantes entrando y saliendo del lote, el cual tambien cuenta con un guardia de seguridad.

La controversia gira en torno la permanencia irregular de varias empresas creadas por Nevares Chaulón en ese lote, que ubica a pasos tanto de la Universidad Politecnica como de la estación Roosevelt del Tren Urbano. Pese a que hubo interes por parte de la iglesia Sendero de la Cruz en adquirir ese lote para construir un centro de servicios, la ACT adjudicó el acuerdo de desarrollo conjunto (Joint Development Agreement o JDA por sus siglas en ingles) a Nevares & Villavicencio con un canon de arrendamiento de $3,000 mensuales.

Inicialmente, la propuesta para ese lote fue la construcción de la torre Plaza Mayor en 2004, un complejo de viviendas de lujo que nunca arrancó. Sin embargo, el desarrollador nunca cumplió con los pagos mensuales y tampoco procedió con la construcción, por lo que en el 2008 la ACT y el DTOP informaron su intención de cancelar el contrato, lo que sucedió en el 2012 y dejó a Nevares Chaulón una deuda de $344,791.50 con la ACT.

Nevares Chaulón envió una carta solicitando una extensión al contrato, citando la crisis económica como la razón por la que no pudo seguir con la construcción de la torre. Posteriormente reclamó una serie de creditos por la construcción de una verja, unos vagones y una estructura que suponía servir de oficina para el complejo.

En el 2016 el entonces secretario del DTOP, Miguel Torres Diaz, ratificó un JDA nuevo para la construcción del proyecto ViewPoint at the Park, bajo los mismos terminos que acordaron hace más de una decada y concedió los creditos solicitados, eliminando la deuda.

La preocupación que esbozó el representante Charbonier yace en que el JDA no provee para este tipo de uso del lote, lo que podría dar base a la cancelación del acuerdo y la paralización del proyecto crítico. En esa línea, cuestionó si el JDA puede prestarse para este tipo de uso, a lo que los deponentes del DTOP y la ACT señalaron que no.

El asesor legal del secretario del DTOP, Pedro De Jesús, sostuvo en vista pública que investigaría si en efecto el lote fue subarrendado a la Universidad Politecnica.

Las vistas públicas responden a la Resolución Concurrente 982 que persigue investigar el proceso de contratación y permisos del gobierno con el desarrollador de este proyecto crítico de la JCF. Anteriormente, la iglesia Sendero de la Cruz y la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda (AFV) comparecieron a las vistas y se espera que el próximo ponente sea el Municipio de San Juan.

Según indicó Charbonier a NotiCel, el municipio todavía no ha confirmado si comparecerán y solicitaron una prórroga para cumplir. El municipio fue una de las agencias que expidió los permisos que requería Nevares Chaulón para proceder con la construcción del proyecto, que goza de un proceso de permisos expedito al amparo del Título V de la ley PROMESA.