Mientras la Junta de Control Fiscal (JCF) exige el pago de los municipios a las pensiones, el Senado aprueba una medida para liberar a los ayuntamientos de la aportación patronal al Plan de Pensiones y al Plan de Seguro de Salud del Gobierno de Puerto Rico.

A traves del Proyecto 1258, de la autoría del presidente de la Cámara Alta, Thomas Rivera Schatz, se crea la 'Ley para la Reducción de las Cargas Administrativas de los Municipios' que establece que los municipios no tendrán la obligación de remesar pagos a esos fines.

La movida del Senado centra la propuesta en el impacto fiscal que han sufrido los ayuntamientos con el recorte de fondos que según expone la pieza legislativa, abarca 44 millones de dólares.

Según propuesto por Rivera Schatz, tras la eliminación de la obligación de los municipios de aportar al Plan de Salud de Gobierno y al Plan de pensiones, el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) retendrá en el Fondo de Equiparación un 50 por ciento de la cantidad que les correspondería a los municipios desembolsar a la Administración de Seguros de Salud (ASES). Para esto se utilizará como base la cantidad facturada para el año fiscal 2015-2016 y hasta un 90 por ciento de la cantidad que le correspondería pagar a los municipios al plan de pensiones utilizando como base la cantidad facturada para el año fiscal 2017-2018 para ser distribuidos a los municipios según las normas aplicables a dicho fondo.

Mira: La Junta exige pago de municipios a las pensiones

'No es secreto que los ayuntamientos atraviesan una enorme crisis fiscal, como ocurre con el Gobierno de Puerto Rico. No obstante, siendo criaturas del Estado, las alternativas para que salgan de la crisis son limitadas. Como si fuera poco, el Plan Fiscal para Puerto Rico aprobado por la Junta... contempla la reducción de las transferencias de fondos del Fondo General a los municipios hasta su eliminación en el 2023. Anualmente, esta cifra rondaba los $360 millones', explicó el Presidente del Senado.

No obstante pese a estas alegaciones, hoy mismo, la directora ejecutiva de la JCF, Natalie Jaresko remitió una carta en la que pide sindicatura para los municipios y exige fiscalización por parte del Gobierno de Puerto Rico a estos fines. 'Los residentes de Puerto Rico necesitan confianza en sus pensiones. Es inaceptable retener las contribuciones al retiro de un empleado y no transferir ese dinero inmediatamente a sus cuentas de retiro individual, donde corresponde', dijo Jaresko en comunicación escrita.

Al momento, 66 municipios han acumulado una deuda de $340 millones desde que se implementó el Plan de Pensiones.