La Junta de Control Fiscal (JCF) certificó en la mañana de hoy, lunes, el Plan Fiscal de la Administración Rosselló, pero con enmiendas que permitirían que, si no se cumplen ciertos criterios, se imponga una reducción de jornada y la eliminación de bonos de Navidad a los empleados públicos y una reducción de 10%.

Las próximas fechas claves son:

– en 30 días se deben acordar medidas para reformar el sistema de pensiones públicas.

– 30 de abril: el Gobierno tiene que presentar el presupuesto para el próximo año fiscal, un plan detallado de implementación del Plan Fiscal certificado y un plan de liquidez revisado que identifique $200 millones adicionales en ahorros

– 1 de julio: comienza la reducción de jornada laboral (cuatro días al mes en general, dos días al mes maestros) y se elimina el pago de bonos de Navidad en el sector público a menos que se identifiquen ahorros por $200 millones adicionales para el año fiscal

– 1 de septiembre: se vuelve a revisar cualquier determinación que se haya tomado sobre la reducción de jornada y los bonos de Navidad para ver si se modifica o se elimina la medida dependiendo del nivel de gasto del Gobierno

Las dos enmiendas al Plan son las mismas que la Junta planteó desde la semana pasada y la única modificación parece ser que ahora son medidas condicionadas a que el Gobierno pueda identificar ahorros.

Además, en cuanto a las pensiones, durante los próximos 30 días, el Gobierno y la Junta trabajarán en un plan específico a ser finalizado para el 30 de junio 2017, basado en los siguientes principios: (1) financiar las obligaciones de pensiones en un sistema de reparto simple (‘paygo’), liquidando activos para ayudar a financiar beneficios utilizando los ingresos al fondo general para pagar los beneficios que se debían bajo el plan previo; (2) enlistar a todos los miembros activos y nuevos empleados en cuentas de contribuciones definidas que segreguen y protegen sus contribuciones para el pago de sus propios beneficios en el futuro; (3) reducir progresivamente el costo total de las pensiones en un 10% para asegurar que el sistema pueda cumplir sus obligaciones, con protecciones para asegurar que ningún miembro caiga bajo el nivel de pobreza federal como resultado de las reducciones; y (4) incluir, a partir del 2020, a todos los nuevos maestros y trabajadores de seguridad y protección pública en el sistema de Seguro Social, y, hasta donde sea práctico, inscribir a todos los maestros y trabajadores de seguridad y protección pública activos, menores de 40 años, en el sistema de Seguro Social.

Ese cuerpo se reunió en la mañana del lunes en el auditorio del edificio federal Alexander Hamilton en la ciudad de Nueva York para celebrar su quinta reunión pública. Durante la reunión se evaluó el plan fiscal revisado que presentó el gobierno el sábado y que hasta el momento no ha sido difundido al público. En varias instancias, los integrantes de la JCF insistieron que las medidas que recomiendan van dirigidas a proteger ‘los más vulnerables’.

Mientras, a las afueras del edificio, el Comité Boricua en la Diáspora (ComBo) junto a los grupos Jornada se Acabaron las Promesas, el Frente Socialista de Nueva York, el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) y los partidos Independentista Puertorriqueño (PIP), Nacionalista, protestaban el encuentro. También hicieron lo propio la Asociación de Maestros de Puerto Rico junto con líderes de la American Federation of Teachers, New York State Federation of Teachers, United Federation of Teachers y otros sectores comunitarios de la ciudad de Nueva York.

Durante la presentación del plan fiscal por el director de lala Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), Gerardo Portela, junto a los asesores de Conway McKenzie, se aseguró que la reducción presupuestaria para la Universidad de Puerto Rico (UPR) empieza en julio. Lo propio ocurrirá con los municipios en enero, a la vez que se apuntaron cambios al sistema de Salud para verano.

De otro lado, la Junta informó que Andrea Bonime Blanc será su oficial de Ética.

En síntesis, la JCF exigió al Ejecutivo un plan que sirva como línea maestra para cuadrar, sin déficit, los presupuestos de los próximos años. Sobre todo, quieren una estrategia que sea creíble financieramente.

El desacuerdo entre la Junta y el Gobierno tiene su raíz en las proyecciones del crecimiento económico para los próximos años, ya que la Junta de Supervisión prevé un escenario mucho más negativo que el Gobierno. Las estimaciones de crecimiento son fundamentales, ya que a su vez afectan directamente las estimaciones de la recaudación de impuestos, lo que es clave para cuadrar los próximos presupuestos.

Los datos aportados por el Ejecutivo en el Plan Fiscal presentado prevén que para el presente año fiscal la economía caiga un 1.6% y en 2018 un 1.5%, mientras que la Junta de Supervisión dice que sus proyecciones apuntan a que la economía se contraerá este año un 2.2%.

El Gobernado recordó a la Junta que sus exigencias implicarían el despido de 45 mil funcionarios y que 300 mil personas sin capacidad para contratar un seguro privado se quedarán sin acceso al plan público de salud.

Declaración JCF sobre Plan Fiscal _23584