La pregunta generó molestias.

La directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal (JCF), Natalie Jaresko, así como el presidente del ente federal, Jose Carrión III, confesaron que no podrían vivir con una pensión de $1,000 mensuales, tal como le proponen a los jubilados de Puerto Rico.

Sin embargo, formularles la pregunta es un acto de desviación de lo que verdaderamente se pretende lograr con la reforma al sistema de pensiones, según exclamó Jaresko durante la conferencia de prensa tras la decimotercera reunión pública.

‘Todo el mundo está enfocado en una parte de ello. El diez por ciento es una reducción relevante, pero de verdad deseo que alguien escriba el artículo sobre cómo estas acciones permiten que las personas reciban el 90 al 100 por ciento de sus pensiones, porque sin estas acciones, el Sistema de Retiro de empleados públicos no tendría dinero’, alegó Jaresko, con un tono de molestia.

La JCF, mediante la aprobación de su propio Plan Fiscal del Gobierno de Puerto Rico, abrió la puerta a una reducción de 10% a las pensiones de los empleados públicos por entenderla ‘apropiada y necesaria’.

Del mismo modo, se establece el sistema ‘pay as you go’ y se habilita el Seguro Social a los maestros, policías y jueces menores de 40 años de edad. Aquellos mayores de esa edad deberán recibir esa oportunidad en una fecha posterior.

‘Si el Gobierno y la Junta Fiscal no se hubiera movido hacia el ‘pay go’, no habrían pensiones. Así que, en ninguna manera estoy aminorando el hecho de que es un cambio doloroso, pero el cambio que surgiría si no hicieramos nada sobre el sistema de pensiones sería peor. Sería insostenible’, aseguró Jaresko.

El recorte aplicaría a todos los jubilados con un cheque mayor a $1,000.

El primero en contestar la pregunta fue Carrión III, quien afirmó que ‘con su estándar de vida actual’ no podría vivir con $1,000 al mes. Al mismo tiempo, soltó un ‘¿usted es periodista?’ a quien hizo la pregunta, que forma parte del equipo de Radio Isla.

En ese mismo encuentro con la prensa, Carrión III afirmó que tanto el como la JCF están dispuestos a evaluar propuestas del Gobierno que se distancien de lo ya aprobado.

‘Somos personas razonables. Con muchísimo gusto continuamos dialogando para ver si podemos llegar a unos acuerdos’, señaló, antes de recalcar que el ente federal no debe ser visto como ‘la oposición’.

Mientras, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares dijo el viernes que la respuesta que emitió a la prensa el Presidente de la Junta le agradó. ‘Me alegro que haya contestado cándidamente que no. ¿Y saben por que no? Porque eso es bajo el nivel de la pobreza. El tomar esta acción aumenta la pobreza en Puerto Rico. El tomar esta acción a los pensionados nos pone en una posición, más vulnerables, muy pobres y muy indefensas. Así que, en ese asunto puede culminar en corte’, sostuvo Rosselló Nevares a preguntas de la prensa.

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No obstante, ayer en entrevista televisiva, el ejecutivo dejó clara su disposición de defender hasta las últimas consecuencias el plan fiscal aprobado. Eso podría incluir la encarcelación de funcionarios públicos.

Sobre este particular, Rosselló Nevares expresó que, ‘Si ellos quieren ir a los tribunales a atropellar al pueblo de Puerto Rico, a tratar de quitarle, usurpar los poderes del gobierno electo de Puerto Rico, que ellos hagan lo que quieran. Nosotros estamos conscientes de que tenemos que tomar acción y que tenemos que trabajar’, sin emabrgo, advirtió que ‘eso va a pasar por la Legislatura y por mi escritorio’.

La tijera a las pensiones es uno de los puntos de discrepancia entre la JCF y el Gobierno. Pese a que fue aprobado por el grupo encargado de las finanzas del País, la administración de Ricardo Rosselló Nevares ha hecho hincapie en que no acatará la decisión.

Tras la duodecima reunión, celebrada el jueves, el gobernador instó al ente federal a sumirse en un proceso de reflexión para rectificar la postura de las pensiones.

‘Nosotros entendemos que es un derecho propietario, que no se puede hacer únicamente por el Plan de Ajuste. La Junta lo ve como si el pensionado fuera un ‘non-secured credit’. Nosotros no lo vemos así, ni el derecho local ni el federal lo ve así; por lo tanto, entendemos que, desde la perspectiva de política pública como desde la perspectiva de derecho, estamos en el lado correcto de este argumento’, explicó Rosselló Nevares.

El otro aspecto en que difieren ambos cuerpos de gobernanza es en el corte a los días de vacaciones y enfermedad de los empleados públicos y la eliminación del bono de Navidad.

Además, el despido de empleados siempre ha sido un elemento fuera de discusión desde el punto de vista del Gobierno, pero la JCF difiere.