Memo de su comisión fustiga el ‘status quo’.

El gobernador Ricardo Rosselló todavía aparece en la lista de invitados oficiales de la vista que se celebrará mañana en el Congreso en la que se espera una implacable fiscalización de los eventos más recientes en la Autoridad de Energía Electrica (AEE) y la cual tiene el propósito de buscarle una solución legislativa al caos en la agencia, lo cual revive la expectativa de la intervención federal directa.

La incógnita sobre la asistencia del Primer Ejecutivo se da ante el hecho de que este indicó la semana pasada que requería una disculpa explícita de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes federal por el acto de citarlo mediante un tuit y en un tono burlón. El Gobernado no ha confirmado si se ha dado una comunicación de parte de la Comisión, como la que el demandó como condición a su comparecencia.

Pero el tono que tendrá la vista que reiterado y cimentado en un memo que circuló ayer en el que la Comisión presidida por el congresista Rob Bishop desata su látigo contra las intervenciones políticas en la AEE que amenazan su proceso de privatización.

‘Desde el final de la temporada de huracanes de 2017, la AEE ha pasado por cinco directores ejecutivos, la renuncia de la mayoría de la Junta de Gobierno, un intento fallido de (la Junta de Control Fiscal) para designar a un ‘oficial de transformación’ y litigios contínuos bajo el caso de quiebras en Título III. Como tal, el status quo refleja una utilidad profundamente atribulada, incapaz de contestar preguntas simples como ‘¿quien está a cargo de la red electrica?», indica el memo.

Bishop es un frecuente aliado de la Comisionada Residente, Jennifer González, que ya ha tenido varios desaires y desencuentros con el Gobernador.

En el memo, se critica a Rosselló por el manejo del escándalo que creó la designación del breve director ejecutivo Rafael Díaz Granados con un salario de $750,000 anuales y el que la Secretaria de Justicia emitiera una opinión de que los bonos prometidos al anterior director, Walter Higgins, eran ilegales.

De entrada, se establece que el salario de Díaz Granados era ‘similar a la cantidad que Puerto Rico le paga a sus consultores’ y, específicamente, similar a los $690,000 que se le pagan al cabildero del Gobernador en la capital federal, Manny Ortiz, de VantageKnight.

‘[L]a administración actual sigue inyectando cálculos políticos en el esquema gerencial de la AEE. A menos que el liderato de la AEE se pueda divorciar de la política de Puerto Rico, la AEE continuará siendo una utilidad disfuncional’, sostiene.

La AEE es incapaz de contestar preguntas simples como ‘¿quien está a cargo de la red electrica?’

Se critica tambien el proteccionismo hacía los empleados de la AEE manifestado, según el memo, en una parte de la nueva ley habilitadora del proceso de privatización en la que se dice que, en el proceso de privatización, los empleados retendrán sus posiciones o serán reasignados a otras posiciones en la AEE o a otras posiciones en el gobierno.

Además, se critica la intervención y los cambios legislativos a la Comisión de Energía de Puerto Rico.

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