Cada vez que hay una reunión pública de la Junta de Control Fiscal para Puerto Rico se crea un operativo de seguridad que involucra a por lo menos cinco agencias federales, más de 50 funcionarios, escolta de una compañía de seguridad privada y policías estatales.

Correos electrónicos entregados al Centro de Periodismo Investigativo luego de una demanda de acceso a la información muestran cómo se eslabona este costoso cinturón de seguridad, coordinado principalmente con el presidente de la entidad, Jose Carrión.

'El Servicio de Protección Federal (FPS) me acaba de informar que tendrán barricadas frente a nuestro edificio, ya que esperan una gran multitud protestando por PROMESA', le escribió a Arthur González, miembro de la Junta de Control Fiscal, un funcionario de uno de los edificios donde se llevó a cabo una reunión de la entidad en Nueva York.

'Es importante averiguar el protocolo para sacar a cualquier manifestante del salón de la Junta', le escribió Carlos García, otro miembro de la Junta, al personal de seguridad para otra reunión.

'Convocan a una protesta contra la Junta federal en Nueva York', lee el título de un email enviado por un funcionario del Departamento del Tesoro al integrante de la Junta Arthur González.

Antes de su primera reunión pública en Puerto Rico el 18 de noviembre de 2016, Carrión se comunicó con la Administración de Servicios Generales de Estados Unidos (GSA, en ingles) para solicitar más agentes de seguridad. La GSA refirió a Carrión al Servicio de Protección Federal (FPS, en ingles), una división del Departamento de Seguridad Nacional, para ver si era posible que asignaran más agentes de los que ya custodiaban el edificio donde planificaba reunirse la Junta, el Federico Degetau Federal Building en Hato Rey.

Según PROMESA, el ente puede solicitar servicios de apoyo administrativo a la GSA u otras agencias federales, de manera reembolsable o no reembolsable, para cumplir con sus responsabilidades. Pero en vez de comunicarse directamente con el Servicio de Protección Federal, Carrión le escribió a otro miembro de la Junta, el ex presidente del Banco Gubernamental de Fomento, Carlos García.

'Creo que tienes un contacto que podría ayudarnos aquí', dice el email en el que Carrión le explica que solicitó más seguridad a la GSA para la primera reunión de la Junta en la Isla. El contacto de García en el Servicio de Protección Federal era el agente Jason Martínez.

'Solicitamos respetuosamente que se asignen más agentes del FPS para esta reunión y para coordinar la logística de seguridad, incluida la forma en que los miembros de la junta entrarán y saldrán de las instalaciones del edificio y las medidas de seguridad generales dentro y fuera de la reunión', escribió García a Martínez.

Martínez le informó de la solicitud a Clyde Beatty, Comandante de Distrito para Puerto Rico del FPS. Pero en otro email canalizó la solicitud de más agentes hacia Roberto Escobar Vargas, un oficial federal jubilado y presidente de la compañía de seguridad privada ESC Group.

'Buenas tardes, a su solicitud, el FPS y el Servicio de Alguaciles de EE.UU. han identificado a una persona (oficial federal jubilado) que debería poder satisfacer las necesidades y preocupaciones de seguridad de la Junta. A la brevedad posible, llama a mi celular para hablar sobre el', escribió Martínez el 3 de noviembre de 2016 a Carrión y García.

Al día siguiente, Carrión respondió: 'Jason, fue bueno hablar contigo hoy. Debajo está mi información de contacto'. A lo que Martínez contestó, un día despues: 'fue bueno hablar con usted tambien. Según lo hablado, debajo está la información de contacto del señor Escobar. Yo hable con el y está pendiente para hablar con usted'.

Dos semanas más tarde ESC Group dio seguridad a la primera reunión de la Junta en Puerto Rico por un costo de $9,150, a pesar de que todavía no había firmado un contrato. El precio de la seguridad que cobró ESC Group en esa ocasión contrasta con lo que cobró la GSA por la seguridad en la primera reunión de la Junta en Nueva York: $899, según datos provistos por la Junta de Control Fiscal al CPI.

GSA tambien tuvo a su cargo la seguridad del segundo encuentro público por un costo de $1,488. Ambas reuniones se llevaron a cabo en edificios federales de Nueva York, donde la GSA tiene jurisdicción para dar protección.

La reunión más costosa en terminos de seguridad hasta la fecha ha sido la del 31 de marzo de 2017 en el Centro de Convenciones en San Juan, por la cual ESC Group facturó $15,045. En esta reunión estuvieron el gobernador Ricardo Rosselló, la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, Ignacio Álvarez, presidente de Operaciones del Banco Popular y Agustín Arellano, principal oficial ejecutivo de Aerostar Airport Holdings, entre otros.

En las afueras, cientos de personas, principalmente estudiantes y profesores universitarios, protestaron en contra de las políticas adoptadas por la Junta. Esa mañana, otro grupo de manifestantes entró a protestar en el edificio donde ubica la oficina de negocios de Carlos García.

En total la Junta ha gastado $75,454 en seguridad privada o federal para sus encuentros públicos desde que comenzó funciones, aunque la Policía de Puerto Rico no ha ofrecido la información sobre los costos del operativo policial local para cada reunión de la entidad.

Además, El Vocero reveló que entre julio de 2017 y abril de 2018, los agentes de la Policía de Puerto Rico asignados a la protección personal de Carrión reclamaron 4,540 horas, por las que se desembolsaron $125,397.

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