La Junta de Control Fiscal (JCF) dijo que el establecimiento de las máquinas de videolotería podría perjudicar los ingresos de los casinos, que indirectamente financian iniciativas y programas gubernamentales.

Así lo estableció la directora ejecutiva de la Junta, Natalie Jaresko, en una carta enviada a la Directora Ejecutiva de la Compañía de Turismo, Carla Campos, en la que explica la importancia de los Reglamentos Requeridos como requisito para medir el impacto fiscal de la legalización de los terminales de videolotería.

En la misma, tambien se detalla que ingresos están potencialmente en riesgo en el Plan Fiscal Certificado como consecuencia de la legalización de estas máquinas.

De igual modo, se resaltan ciertas disposiciones que deben incorporarse en los Reglamentos Requeridos para minimizar 'los riesgos de canibalización de los ingresos, que no se incluyeron en el proyecto de reglamento que se presentó a la Legislatura el 1ro. de febrero de 2019'.

La carta a la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo tiene el objetivo de:

1. Reiterar al Gobierno sobre los riesgos de la canibalización fiscal: En septiembre del año pasado, la Junta de Supervisión Fiscal comenzó a expresar su preocupación por el riesgo de canibalización de ingresos, tras la legalización de los terminales de vídeo-lotería. El Plan Fiscal ya incluye ingresos significativos provenientes de actividades relacionadas con los juegos de azar. Esta carta detalla la magnitud de esas debilidades fiscales, así como el racional detrás del punto de vista de la Junta de Supervisión. Ejemplos específicos de la legalización de estas máquinas en otras jurisdicciones, como Illinois, Luisiana y Maryland, sirven como ejemplos para evaluar la posible extensión de este riesgo. A pesar de que las máquinas ya operan ilegalmente en Puerto Rico, sin reglamentos ni controles apropiados, la experiencia en otras jurisdicciones apunta a que la legalización de los terminales de vídeo-lotería puede afectar negativamente los ingresos de otros juegos existentes en Puerto Rico.

2. Insistir en la aprobación de parte de la Junta de Supervisión antes de establecer los reglamentos: Dado que la política de la Junta de Supervisión con respecto a normas, reglamentos y órdenes ejecutivas exige que los reglamentos finales de la vídeo-lotería sean sometidos y aprobados por la Junta previo a que entren en efecto, la carta debe contribuir a que la Compañía de Turismo emita reglamentos para el establecimiento de estas máquinas y que, subsiguientemente, la Junta pueda aprobar.

3. Destacar las disposiciones reglamentarias financieras de la vídeo-lotería: Los requisitos reglamentarios descritos en la carta deberían contribuir a minimizar la erosión de los ingresos estipulados en el Plan Fiscal. Esto incluye añadir disposiciones para el pago de los costos de supervisión y cumplimiento, el desarrollo de un proceso de concesión de licencias, la implantación de disposiciones tecnológicas y, en la medida de lo posible -en virtud del proceso constitucional dispuesto-, el establecimiento de reglamentos que rigen la confiscación y destrucción del resto de las máquinas ilegales de entretenimiento para adultos.

4. Ofrecer consideraciones adicionales: Por último, además de las consideraciones financieras que deben atenderse, la carta expresa otros asuntos que la Compañía de Turismo podría evaluar mientras prepara los reglamentos de la vídeo-lotería para la revisión de la Junta de Supervisión. Esto incluye formas para complementar el rol de la Compañía de Turismo como regulador, el ritmo en que se emiten las licencias de vídeo-lotería, formas de minimizar las consecuencias sociales negativas que puedan surgir, establecer disposiciones contra el lavado de dinero y terrorismo, y normas de control interno para salvaguardar y contabilizar todo el efectivo asociado con el funcionamiento de estas máquinas. Incluso, con 25,000 terminales, Puerto Rico tendría una de las mayores concentraciones de máquinas por población en comparación con otras jurisdicciones en Estados Unidos. Esto se torna más patente aún, si eventualmente se aprueban 45,000 máquinas adicionales, lo que resultaría en la segunda jurisdicción (despues Montana) con el mayor número de máquinas per cápita.

Puedes leer la carta aquí: