Luego de que la Junta de Control Fiscal (JCF) notificara una serie de demandas radicadas contra suplidores del Gobierno de Puerto Rico hoy, viernes, el ente indicó que trabaja un protocolo para resolver de modo informal estas acciones legales con el fin de evitar los 'altos costos de litigación'.

Mediante un corto comunicado de prensa el ente fiscalizador de las finanzas públicas del país dijo que 'la mayoría de las demandas' se resolverán fuera del tribunal y que dicho protocolo, el cual no detallan del todo salvo por informar que se establecerá un periodo de 'intercambio de información entre las partes' que permitirá concluir si los pagos emitidos se justifican o no, iniciará el 31 de mayo.

'Si el intercambio de información revela que las bases para el pago fueron correctas, las demandas pudieran ser retiradas. Pero si la información no es suficiente ni justificable para retirar la acción legal, o no se llega a un acuerdo mutuo, el proceso contemplará un mecanismo alterno para atender la disputa o proceder con la litigación', dijo hoy la Junta.

Mira: Junta radica más demandas contra bonistas y contratistas del Gobierno

Tan reciente como hace cinco días atrás el organismo facultado por la Ley para la Supervisión, Gerencia y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés) notificó la radicación de más demandas contra bonistas y contratistas. En ese entonces, en otro comunicado de prensa, la JCF indicó que del lado de los bonistas, el recurso legal se sometió porque los bonos emitidos en 2008 'nunca se sometieron a la Asamblea Legislativa'.

Con las demandas radicadas la Junta busca recuperar 1 billón de dólares de bonistas cuyos bonos fueron emitidos en exceso de límite constitucional. Además de las demandas radicadas contra los bonistas, se radicaron recursos contra las firmas asesoras que contribuyeron a emitir esos instrumentos de inversión.

'La ciudadanía de Puerto Rico ha sido perjudicada por estas entidades por un monto que se determinará en el proceso judicial, y por ende son responsables por los daños causados como resultado de las violaciones de su deber fiduciario', dijo la Junta hace semanas.

Sin embargo, ahora dejan claro que 'las acciones legales tomadas no implican, necesariamente, que los suplidores actuaron incorrectamente'.