Tras cuatro años de su imposición, dos de sus miembros anunciaron hoy que no buscarán otro término. Fuentes de este diario anticiparon también que se espera la dimisión de un tercer funcionario.

Hoy se informó la salida del presidente de la Junta de Control Fiscal (JCF), José Carrión III, y de Carlos M. García, otro de los miembros del ente fiscal creado bajo la Ley de Supervisión, Gerencia y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en iglés).

La salida de ambos líderes ocurre, precisamente, cuando hace solo dos días se cumplieron cuatro años de difícil convivencia con el ente impuesto por Washington para tratar de enderezar las cuentas públicas de la isla bajo la presidencia de Barack Obama.

La entidad nació cuando el Congreso y el Gobierno de Estados Unidos entendieron que Puerto Rico, que durante décadas había sacado adelante sus cuentas públicas emitiendo deuda, iba a ser incapaz de cumplir con sus acreedores, lo que amenazaba con litigios judiciales de consecuencias impredecibles en medio de una deuda pública de más de 70,000 millones.

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El entonces gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, reconocía en junio de 2015 que la deuda de la isla era impagable y que era hora de sacar a este Estado Libre Asociado a EE.UU. de la ‘espiral mortal’ en la que estaban envueltas sus finanzas públicas.

Tras años de gastar por encima de sus posibilidades y de emitir deuda para cuadrar sus presupuestos anuales, los mercados ya no estaban dispuestos a comprar más títulos del Estado Libre Asociado ante la sospecha de que el Gobierno de Puerto Rico sería incapaz de cumplir con sus compromisos con los acreedores.

La firma del expresidente Obama el 30 de junio de 2016 concretó la puesta en vigor de la controvertible ley. Pero ahora, las salidas de Carrión y García dejan a la Junta con cinco miembros pese a que la ley indica que deben ser siete.

En medio de la salida de estos dos líderes, ¿cómo se eligen nuevos miembros en el ente fiscal? Esto es lo que establece PROMESA:

Aunque esos puntos resumen el proceso, el 15 de febrero del 2019, el Tribunal de Apelaciones federal decidió que, para cumplir con lo que establecen los estatutos constitucionales sobre nombramientos, los miembros de la Junta deben ser confirmados por el Senado; de lo contrario, ejercerían inconstitucionalmente y, por ende, quedarían inoperantes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumplió con esto, aunque en tiempo extendido por moratoria, al renombrar a José Carrión III, Ana Matosantos, José Ramón González, Carlos García, Andrew Biggs, David Skeel, y Arthur González ante el cuerpo legislativo en junio de 2019.

En su momento, algunos senadores como el demócrata Robert Menéndez o el independiente Bernie Sanders, excandidato a la Casa Blanca en 2016, calificaron PROMESA como «colonial e intervencionista».

De hecho, hasta el Supremo federal se elevó un pleito que buscaba desautorizar los siete nombramientos y las determinaciones tomada a los largo de estos pasados años. Pero tan reciente como el primero de junio, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos validó los nombramientos de los miembros al determinar que no están regidos por la Cláusula de Nombramientos de la Constitución de los Estados Unidos debido a que son oficiales “territoriales”.