La firma de consultoría ha pagado multas millonarias por sus conflictos en PR, ha sido objeto de escrutinio congresional y de acciones judiciales como los arquitectos de la crisis de opiodes.

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) mantendrá a su consultor principal, McKinsey & Company, a pesar de que la divulgación de conflictos de interés que ordenó una nueva ley federal arrojó que la empresa mantiene relaciones con suplidores del gobierno de Puerto Rico a la misma vez que dan consultoría sobre asuntos fiscales del gobierno y específicamente el proceso de revisión de contratos públicos que tiene la Junta.

«No se ha tomado una decisión categórica de excluirlos del proceso de revisión de contratos (de suplidores del gobierno). Ese (el contrato de consultoría con McKinsey) está en vigor y seguirá en vigor», dijo el asesor legal general de la JSF, Jaime A. El Koury, a preguntas de NotiCel sobre si mantendrían relaciones con un consultor con conflictos tan profundos como McKinsey.

El presidente de la Junta, el profesor de derecho de quiebras, David Skeel, refirió las preguntas a El Koury después de comentar que pondrían «salvaguardas adicionales» al proceso de revisión de contratos en el que participa McKinsey, pero ninguno de los dos funcionarios precisó cuáles serían esas salvaguardas. «Nuestros procesos indicaron que no había conflicto», añadió sin aclarar si se refería a un estudio independiente que la Junta realizó en 2019 después de que The New York Times publicara que, a la vez que tenía contrato de consultoría sobre la deuda de Puerto Rico, la empresa tenía bonos del gobierno.

Pero ese análisis independiente está impugnado desde noviembre del año pasado cuando McKinsey pagó una multa de $18 millones a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, en inglés) porque entre octubre de 2015 y junio de 2017, el fondo de inversiones de la empresa (MIO Partners Inc.) traficó en instrumentos de inversión de tres entidades, incluyendo el gobierno de Puerto Rico, a la misma vez que miembros de su comité rector de inversiones tenían acceso a información confidencial de esos emisores por el trabajo de consultoría que hacía la empresa. Al momento de la multa, Mckinsey había cobrado $150 millones por su asesoría a la Junta en la quiebra, mientras que MIO tenía $31,000 millones en activos a diciembre de 2020.

Los señalamientos de conflicto en los participantes del caso de quiebras llevaron a que el presidente Joe Biden convirtiera en ley un proyecto de la congresista puertorriqueña Nydia Velázquez, que obliga a que los participantes del caso tengan un nivel mayor de divulgación de cuáles son sus distintos tipos de relación con la quiebra de la isla. Estas divulgaciones, y otras fuentes de información oficial, dieron paso a un reporte esta semana en The Wall Street Journal sobre cómo McKinsey mantuvo contratos con Molina Healthcare (suplidor del plan de salud del gobierno), Puma Energy Caribe (suplidor de la Autoridad de Energía Eléctrica), Quanta Services Inc. (miembro del consorcio detrás de LUMA Energy) y ManpowerGroup (suplidor de empleo temporero para el gobierno, principalmente el Departamento de Salud), Ecoeléctrica (operadores de una planta de carbón en Peñuelas), Naturgy Energy Group S.A. (matriz española de Ecoeléctrica) y SoftBank (propietarios de Fortress Energy, suplidor de gas natural para la AEE).

Las divulgaciones de conflicto bajo la nueva ley están bajo evaluación de la jueza de quiebras Laura Taylor Swain y del Síndico del Gobierno de los Estados Unidos. El Koury apuntó también que la Junta está a la espera de «ver esas conclusiones».

En el informe del Journal, había clientes que McKinsey «olvidó» incluir en sus divulgaciones. En sus contratos con la Junta, el consultor se obliga a no «aceptar trabajo de, suscribir un contrato con, o aceptar una obligación de cualquier cliente existente o potencial futuro que pueda tener reclamaciones materiales o de otra forma están participando en procesos bajo PROMESA que involucran el Gobierno de Puerto Rico o cualquier de sus instrumentalidades cubiertas, en la medida en que dichos contratos u obligaciones serían inconsistentes o incompatibles con las obligaciones (de McKinsey) o el ámbito de servicios rendidos a la Junta bajo este contrato o cualquier proyecto asignado, y en ningún caso debe el Equipo de Servicios (de McKinsey) proveer servicios para cualquier cliente existente o potencial futuro de ese tipo».

La multa que pagó a la SEC no es la única controversia en la que McKinsey se ha involucrado por conflictos. En noviembre pasado aceptó pagar $600 millones a 49 estados, y a Puerto Rico, para resolver una demanda por su rol en la crisis de opioides y que consistió en que asesoró a la farmacéutica Purdue hasta el punto de violar las leyes y regulaciones, según las alegaciones del caso. A la isla le tocaron $4.3 millones de ese acuerdo. Tan reciente como esta semana, el Times volvió a publicar historias que ponen en duda la forma de hacer negocios de McKinsey en su asesoría sobre los opiodes.

Con la Junta, los «consultores estratégicos» tienen varios contratos que, tomados en conjunto, cubren prácticamente todas las áreas de operación del ente fiscal. Asesoran sobre desarrollo e implantación de planes fiscales, sobre planes de ajuste de deuda, sobre la Universidad de Puerto Rico y, más recientemente, se les asignó reformar el proceso de compras del Departamento de Seguridad Pública.

Balance de presupuesto lo determinará auditoría

En la reunión del viernes en la que ratificaron su versión del presupuesto del gobierno para el año fiscal 2022-2023, la Junta proveyó dos observaciones que no se habían hecho hasta ahora sobre el requisito en la Ley PROMESA de que para que la Junta cese funciones una de las cosas que tiene que suceder es tener cuatro años de presupuestos balanceados consecutivos.

Por un lado, Skeel dijo que da igual si los presupuestos son los que aprueba la Legislatura, como fue el del año pasado, o de los que impone la Junta, como fue este año. Por eso, entiende que el de este año podría ser en segundo consecutivo.

Por el otro, el profesor afirmó que lo que los hace «balanceados» no es cómo están en papel cuando los aprueban al principio del año fiscal, sino como acaban y eso solo se conoce cuando se obtienen los estados financieros auditados. Al comienzo de la gestión de la Junta, los estados auditados estaban atrasados por varios años, pero ahora se ha llegado hasta el de 2019, faltando solo el de 2020 y el de 2021. Por tanto, en el cuarto año de presupuestos balanceados, la Junta no se iría al comienzo del año fiscal sino que había que esperar a que llegue el estado auditado de ese año para confirmar si fue el cuarto consecutivo balanceado o no.

Para ver la declaración de conflictos de interés de McKinsey ante el tribunal, pulse aquí.

Vea:

Multa millonaria a consultor de la Junta por conflicto de intereses con la deuda de PR