Tras advertencia del ente fiscal, el Gobernador emitió un veto expreso a la resolución legislativa que ordenaba compra, pero aclaró que la adquisición está en proceso en el Departamento de Educación.

El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia vetó la Resolución Conjunta de la Cámara 323 (RC de la C 323) que ordenaba la compra de unos 28,000 purificadores de aire para las escuelas del sistema público a un costo que podría ser de $36.3 millones, después de que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) le indicara que no debía firmarla ni ponerla en vigor.

La primera intervención de la Junta sobre esta transacción fue el año pasado, cuando detuvieron una orden de compra que el Departamento de Educación (DE) ya había adjudicado al suplidor Camera Mundi LLC porque el proceso que se dio fue "deficiente", no "promovió la competencia en el mercado" y porque el suplidor no cumplía con todos los requisitos que estableció la agencia.

La segunda intervención se registró el lunes en una carta a los presidentes legislativos y al Gobernador en la que advierten de irregularidades en la RC de la C 323 y que la misma sería inconsistente con el Plan Fiscal. Ayer, Pierluisi Urrutia notificó que la había vetado de manera expresa, pero aclaró que la adquisición de los equipos sigue su curso administrativo en el DE mediante un proceso aprobado el 2 de junio por la Administración de Servicios Generales (ASG).

NotiCel publicó el 7 de julio pasado sobre la aprobación de la RC de la C 323 y cómo el instrumento legislativo es una orden sin precedente para que una agencia del Ejecutivo, el DE, realice la compra de un artículo particular siguiendo un proceso de adquisición que también está mandatado por la Legislatura y aplicando unas especificaciones para los equipos que también están ordenadas en la resolución.

El secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, se distanció de la resolución asegurando que "nadie" en la Legislatura se le había acercado para discutirla, pero su versión quedó impugnada después de que este diario digital publicó una carta de la oficina de asesores del presidente senatorial José Luis Dalmau en la que se le pide que establezca su postura sobre el contenido de la resolución y la correspondiente ponencia que el funcionario sometió apoyándola como un ejercicio legislativo "loable". Ramos Parés no ha estado disponible para discutir esta inconsistencia.

Las objeciones de la Junta a la resolución incluyen que el proceso de adquisición que mandatan (petición de propuesta o RFP en inglés) es inconsistente con el Plan Fiscal y las iniciativas para combatir el "desperdicio, fraude (y) abuso". Recordaron que una de estas iniciativas es la transparencia y centralización de las compras del gobierno bajo la ASG y que eso todavía no ha sucedido por completo.

"La RC de la C 323 -y la intervención de la Legislatura en el proceso de compras- va contrario a los cambios recientes sobre la adquisición de bienes y servicios. Primero, la RC de la C 323 representa una usurpación de los poderes de la ASG y una intervención en la esfera de creación de reglas que debe mantenerse en la ASG. Segundo, la compra que se procura en la RC de la C 323 es tan específica en los equipos que se buscan y en el periodo de tiempo para adquirirlos que efectivamente le resta autoridad al DE. Es también ineficiente, porque el DE está mejor preparado para determinar: (i) los equipos necesarios; (ii) cuál método de compra debe seguirse para dicha adquisición; y (iii) las especificaciones de los bienes a ser adquiridos", argumenta la carta del abogado principal de la JSF, Jaime A. El Koury.

La resolución ordena que las escuelas tengan los equipos y ordena que el DE complete el proceso en 90 días. Entre las cosas que estableció fue el "criterio ineludible" de que el licitador seleccionado "certifique bajo juramento que cuenta con el inventario de equipo disponible para instalarse en las facilidades correspondientes".

Este último requisito fue una de las disposiciones de la resolución que el Gobernador objetó en su veto. "[P]udiera tener el efecto de forzar el proceso de contratación con una companfa, que no necesariamente sea la mejor alternativa económica, pues limita las criterios de la ASG en la evaluación de las ofertas", dijo el Gobernador en su veto al mencionar también que el proceso dictado en la resolución no cumple con requisitos relacionados a fondos federales, por lo que la agencia estaría expuesta a devolver fondos. Señaló también que no podía aceptar que la resolución incluyera una expresión de que tiene supremacía por encima de otras leyes, particularmente la de ASG.

Para ver el veto del Gobernador, pulse aquí.

Vea:

Sin precedentes, Legislatura aprueba ordenar a Educación comprar controvertibles ventiladores

Documentos contradicen al Secretario de Educación sobre compra de purificadores