El informe, con alternativas para atender escasez de profesionales de la salud, debe estar listo para agosto.

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) requirió datos a las aseguradoras de salud del país sobre renglones específicos del cuadro de la salud y la demografía de la isla como parte de un estudio que debe estar listo en agosto y proveer alternativas para atender la escasez de personal en la industria de la salud.

El estudio está encomendado a FTI Consulting, entidad vinculada a los procesos de quiebra del gobierno en distintos renglones, a un costo de $723,950 (unos $425 por hora). Se supone que uno de los resultados del análisis sea identificar las “estrategias que resultarán en la resolución más expedita, eficiente y económica de la escasez de personal”, con énfasis en los servicios que se brindan bajo los programas federales Medicaid y Medicare.

Las cartas que firma el director ejecutivo del ente fiscal, Robert F. Mujica, pide información a nivel del expediente individual del paciente (pero sin identificar a los asegurados) en renglones de edad, sexo, municipio de residencia, fecha de servicios, proveedor médico, diagnósticos, procedimientos, servicios, y pagador.

También, promedio de visitas anuales a médicos primarios, salas de emergencia, pediatras, consultas de salud mental, dentales, hospitalizaciones, duración de hospitalización, cuidado de la vista y cirugías. A nivel poblacional, abarcando a todos los asegurados, piden tasas de mortalidad, de prevalencia de algunas condiciones (asma, diabetes, cardiovascular, pulmonar, obesidad, discapacidades, embarazo de alto riesgo, cáncer, y demencia u otras condiciones cognoscitivas). Además, cualquier cuadro clínico que hayan desarrollado por región de la isla o a nivel de toda la isla.

Los datos que la aseguradora tiene de su red de proveedores, como especialidad, municipio de operación, edad, género e información de contacto, también se requiere en la comunicación que las aseguradoras deben contestar para el 13 de mayo.

Las entidades, y sus ejecutivos, que recibieron los requerimientos son: APS Healthcare (Alexis Cardona), MMM (Ricardo Rivera Cardona), Triple-S Salud (Thurman Justice), First Medical Health Plan (Francisco Artau Feliciano), First Healthcare (Awilda Broco Rodríguez), Plan de Salud Menonita (Nanette Dumont), MCS (James P. O’Drobinak) y Humana (Luis Torres Olivera).

No hay ninguna entidad en el gobierno que regularmente mantenga estos datos acumulados de la forma en que se están solicitando. La Oficina del Comisionado de Seguros, de hecho, no mira nada de esto en su regulación de las aseguradoras ya que la misma se limita al aspecto financiero y al de sus reservas económicas.

El estudio debe “establecer la magnitud del desbalance entre la oferta y la demanda en la fuerza laboral de Puerto Rico” y “desarrollar un modelo para identificar las necesidades de la fuerza laboral del futuro” en el área de la salud. Tan reciente como la semana pasada, en una cumbre de salud de la Cámara de Comercio, la conclusión principal que se discutió para ese problema es la disparidad entre la compensación que esos profesionales reciben en la isla y la que reciben en los estados a los que se pueden mover fácilmente y conseguir posiciones con mejores condiciones de empleo y paga.

El punto de contacto de la Junta para estos datos es Annie Mayol del Valle. Antes de integrar el equipo de FTI, al que se unió hace nueve meses, la consultora acumuló una lista larga de credenciales tanto en el sector de la salud, como en el del activismo político, específicamente en el Partido Republicano.

Mayol del Valle comenzó en la alcaldía de Nueva York con Rudolph Giuliani, tuvo varias funciones en el Partido Republicano a nivel de todo Estados Unidos, integró la campaña del excomisionado residente Luis Fortuño, trabajó en la Casa Blanca con George W. Bush, con la empresa de cabildeo SDA Global, con Fortuño en La Fortaleza y en el Departamento de Salud durante su administración, con la aseguradora MSO of Puerto Rico y con Foundation for Puerto Rico.

En sus operaciones siguientes a la reestructuración de la deuda pública (solo queda pendiente la de la Autoridad de Energía Eléctrica), la Junta ha ampliado su campo de acción en el gobierno de Puerto Rico para entrar en asuntos que no son estrictamente financieros ni solamente del gobierno, sino que también inciden en el sector privado, como su oposición a la liberalización de los beneficios laborales para los empleados. Estas incursiones han sido avaladas por los tribunales hasta ahora.