Para que se les pague la bonificación negociada que legalmente corresponde de $17,000 para cada miembro.

Se ha concretado una demanda en el Tribunal Federal contra la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) de parte de los Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico, Concilio 95 AFSCME (SPUPR-AFSCME), por violarse un acuerdo negociado entre las partes sobre el pago a los miembros del Concilio, gracias al exceso del superávit que obtuvieron.

Según lo pautado, esta bonificación debió ser de $17,000 para cada miembro de SPUPR- AFSCME pagaderos al 1ro de diciembre de 2024, y no de $2,000 como fue pagada.

Este es el tercer año que los 10,000 miembros recibirían la bonificación.

«Estamos aquí para notificarle a los miembros de nuestra matrícula sobre los pasos a seguir luego de que la JSF no aceptara nuestra solicitud de revisar lo que fue nuestro acuerdo y la cantidad correspondiente a nuestra bonificación en el mes de diciembre del 2024», expresó en conferencia de prensa Jessica Martínez Santos, presidenta de SPUPR, Concilio 95 AFSCME.

La demanda no solo incluye a la JSF sino también al Departamento de Hacienda para que se cumpla con los acuerdos negociados desde el año 2022.

En el 2017, la JSF inició en Corte bajo el Título III de PROMESA un esfuerzo para encaminar las finanzas en Puerto Rico.

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El Gobierno y las partes interesadas en este proceso, incluido SPUPR-AFSCME, trabajaron para superar el proceso y se iniciaron negociaciones. Ya para enero 2018, el Tribunal aprobó un Plan de Ajuste que incluía un acuerdo entre SPUPR y la Junta.

El mismo estableció una serie de beneficios exclusivos para los miembros del sindicato por cinco años. Sobre este beneficio en particular que ahora está en litigio, el acuerdo establece que de haber un superávit o excedente de caja en efectivo, se iba a utilizar el método contable basado en los valores de caja que se asientan en el flujo de efectivo en tiempo real.

O sea, que el excedente se determina a base de lo pagado y recibido. Por lo tanto, no se puede evitar un exceso de efectivo al intentar destinar dinero para pagar gastos futuros y según reclaman, eso fue lo que hizo la Junta en el 2024 para evitar un pago mayor a los $2,000 a los miembros de SPUPR-AFSCME, que es el mínimo negociado para esa bonificación.

“SPU cumplió con su responsabilidad de negociar con la Junta un acuerdo para proteger los derechos y beneficios de nuestros miembros como acreedores del gobierno y ese acuerdo nosotros lo vamos a defender. El exceso en el año que inició el 1ro de julio de 2023 y culminó el 30 de junio de 2024 fue de más de $2 billones de dólares. Nos deben la diferencia de $15,000 aproximadamente a cada miembro de nuestra unión. Es inconcebible pensar que ahora pretendan utilizar trucos de contabilidad para evitar cumplir con lo pactado en detrimento de los servidores públicos. Lamentablemente, la Junta de Supervisión ha decidido volver a los trucos fiscales miopes del pasado que metieron en problemas al Gobierno de Puerto Rico. Pero esta vez, en lugar de ocultar sus deudas a Wall Street, están ocultando el dinero que legalmente le pertenece a los trabajadores. Estamos pidiendo lo que en derecho nos corresponde”, sostuvo Martínez Santos.

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La presidenta insistió que los empleados de las agencias gubernamentales cobran muy poco y que el dinero que se está solicitando es el alivio para abaratar los gastos del día a día.

«La realidad es que plan de clasificación, especialmente a los empleados públicos del gobierno central, no les garantizó un salario digno en Puerto Rico. Prácticamente nuestros miembros dependen de esta negociación para poder sufragar los gastos y poder minimizar los gastos…», puntualizó.

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