En medio de discusión por rescate financiero a ayuntamientos, y después de que el Senado aprobara una resolución en su contra, el ente fiscal riposta para poner controles a municipios.

Nueve meses después de que el exgobernador Pedro Pierluisi Urrutia la aprobara, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ordenó al gobierno y a los municipios a no implantar la Ley 215 de 2024 que flexibilizó más el proceso de compras en los ayuntamientos y otorgó a los alcaldes mayores controles sobre contratos y obras.

El ente fiscal emitió su directriz cuando todavía está evaluando la validez del presupuesto que los poderes políticos de la isla acaban de aprobar y que incluye un rescate financiero para municipios insolventes que es menor al solicitado. También ocurre después de que el Senado aprobara la Resolución 236 con la que expresan su rechazo a la “permanencia arbitraria” de la JSF y apuntan que el ente ha establecido 50 requisitos no establecidos en la Ley PROMESA como condición a su disolución.

Con su decisión sobre la Ley 215, el ente parece ripostar con un flechazo a la Federación de Alcaldes, promotores de la medida que presentaron el entonces presidente cameral Rafael Hernández Montañez y el actual presidente Carlos Méndez Núñez. Además, responden con una reafirmación de su capacidad para usar el Plan Fiscal como instrumento para controlar aspectos del gobierno de Puerto Rico más allá de meramente la aprobación de un presupuesto.

En enero pasado, la Junta había adelantado algunas justificaciones para entrar en las operaciones de los municipios al rechazar también otra ley, la 141 de 2024, que aumentó de $200,000 a $500,000 el costo mínimo de un contrato de obras que activa la utilización del mecanismo de subasta formal para su otorgamiento. Tanto la 141 como la 215 son enmiendas al Código Municipal.

Pero con la comunicación de ayer, jueves, el organismo expandió su catálogo de objeciones para incluir el “historial de corrupción” en los municipios como fundamento en contra de la legislación. Que se conozca, es la primera ocasión en que la JSF echa mano de casos constatados de corrupción como una de las razones para ordenar la paralización de una ley.

Adicional, indican que el gobierno no hizo un análisis económico adecuado para justificar la ley, que los municipios de la isla tendrían menos controles de compras que la mayoría de los estados, que hay estudios sobre cómo la falta de controles en compras encarece los servicios y afecta los presupuestos municipales, y que el Plan Fiscal aprobado establece que “las licitaciones competitivas son críticas para la integridad del proceso de contratación del gobierno y la estabilidad fiscal de Puerto Rico en general”.

Según la medida convertida en ley el 20 de septiembre pasado: se aumenta de $100,000 a $200,000 el mínimo de compras que activa las subastas formales; aumenta de $3,000 a $10,000 el valor de las “micro compras” que se pueden hacer informalmente; elimina el requisito de que todos los contratos de servicio (construcción, mantenimiento, reparaciones) sean aprobados por la legislatura municipal, excepto solo los que usan propiedad municipal; convierte en solo anulables por el alcalde, en vez de nulos como son ahora, una serie de contratos enumerados en la ley y que incluye aquellos en los que el contratista no ha provisto alguna fianza o garantía requerida.

El rechazo de la Junta a esta ley revive las críticas que surgieron contra la legislatura y los alcaldes porque no hubo ningún cambio de ley para atajar el aspecto del Código Municipal que facilitó todos los casos recientes de corrupción municipal: que los contratos de recogido de desperdicios sólidos se pueden otorgar directamente por los alcaldes sin subasta y sin aprobación de sus legisladores municipales.

En vez, se promovieron y aprobaron estas leyes que dieron más poder a los alcaldes para controlar las compras y contratos.

“La falta de procesos de subasta transparentes, o de ninguna subasta, contribuyó a la crisis financiera de Puerto Rico y abrió la puerta a la corrupción”, argumentó el director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica, en la carta.

“Es importante considerar el historial preocupante de corrupción municipal en el área de compras y contratos”, añadió al recordar los alcaldes acusados a nivel federal en la redada federal que tuvo al centro al contratista Oscar Santamaría Torres. “El gobierno debe aspirar a hacer leyes que sigan las mejores prácticas y aseguren las compras competitivas y fiscalmente responsables a lo largo de Puerto Rico, incluyendo los municipios”, subrayó.

“En última instancia, la ley (215) reduce las salvaguardas para las compras municipales, aumenta la oportunidad para la corrupción y la apariencia de corrupción, aumenta el costo de los contratos e indudablemente socavará la fe del público en el proceso de contratación del gobierno”, concluyó.

La Junta concedió al gobierno hasta el 10 de julio para suplementar los argumentos que la pasada administración sometió a favor de la ley y que no fueron suficientes para evitar la suspensión de vigencia. Esto resalta la capacidad que el proceso de interacción con la Junta le reserva al Gobernador para defender, o no defender si no quiere, una ley. Por lo que, en este caso, una medida que se presentó por petición de los alcaldes del Partido Nuevo Progresista depende ahora solamente de que la gobernadora, no el Senado ni la Cámara de Representantes, quiera o pueda defenderla ante la Junta.

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Vea:

Senado exige la disolución de la Junta de Supervisión Fiscal