Los cinco miembros que el presidente Donald Trump destituyó han guardado silencio sobre si tomarán acciones, mientras que el ente enfrenta retos para operar con solo dos miembros.

El profesor de Derecho y expresidente de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), David A. Skeel, sugirió que los miembros del ente que el presidente Donald Trump destituyó deben retar esa orden en los tribunales, aunque los cinco que fueron removidos han guardado silencio.

“Espero que uno, o más, de los cinco rete su destitución, para proteger los mejores intereses de Puerto Rico. Hay muy buenos argumentos legales de que (la JSF) es diferente a las agencias en las que las destituciones se podrían sostener, a pesar de la ausencia de argumentos creíbles de que hay causa para removerlos”, indicó Skeel en su cuenta de X, al republicar una declaración de la congresista demócrata, Nydia Velázquez, en contra de la movida.

La referencia a “causa” se deriva de que la Ley PROMESA dice que los miembros de la Junta solo pueden ser removidos con “causa”, lo que se refiere a justificaciones específicas y fundamentadas. A la hora de esta publicación, Skeel no estuvo disponible para abundar, pero su alusión a la diferencia entre la Junta y otras agencias en las que Trump ha ordenado despidos puede referirse a que el Supremo federal ya ha reconocido que, como dice PROMESA, la JSF no es una agencia federal, sino una agencia del gobierno estatal que está bajo el control del Congreso.

La JSF confirmó ayer que sus miembros Cameron McKenzie, Betty A. Rosa, Juan A. Sabater, Luis A. Ubiñas y su presidente, Arthur J. Gonzalez, fueron removidos por Casa Blanca. No dieron detalles, pero hay un correo electrónico en el que el subdirector de Personal Presidencial, Trent M. Morse, comunica la remoción a al menos uno de los miembros desde el viernes pasado en la tarde. La primera reacción de la Junta, el martes, fue decir que tenía a sus siete miembros. Horas después, confirmaron la salida del quinteto.

De los dos miembros que quedan. Andrew Biggs y John Nixon, el primero también se expresó en sus redes sociales el miércoles.

“Me opongo fuertemente a la destitución de mis colegas, la cual creo que es injustificada y será un retroceso para Puerto Rico”, dijo quien ahora sería el único miembro del ente fiscal que ha estado desde el inicio de la operación en 2016. Biggs tampoco estuvo disponible para abundar.

El miércoles, el ente aseguró sigue sus “operaciones de día a día” con Nixon y Biggs y que estos “proveerán continuidad a las operaciones”. La Ley PROMESA dice que se requiere voto mayoritario de sus miembros para aprobar planes fiscales, presupuestos, para evitar que se aplique una ley y para designar a algún proyecto como “crítico” para su sección de Revitalización. Solo hace referencia a un número de votos particular al decir que se requieren cinco votos para certificar una reestructuración. De esas, solo está pendiente la de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Lo otro que indica la ley es que el presidente de la Junta es el que contrata al director ejecutivo, con el “consentimiento” de los demás miembros. La JSF no ha indicado si ocurrió la elección de un presidente entre Nixon o Biggs. El director ejecutivo, actualmente Robert Mujica, no es miembro de la Junta y sigue trabajando hasta que la propia Junta lo destituya.

Todos los miembros de la JSF han salido mediante expiración de término o renuncia. Estas son las primeras destituciones. La composición es de siete miembros, pero no tienen que estar todos para operar. La ley dispone un proceso de nominación de miembros a través de los líderes de las respectivas mayorías y minorías legislativas, más un miembro que dicta la presidencia directamente. Pero si Trump no quisiera nombrar usando ese proceso, puede hacer designaciones directas que el Senado tendría que aprobar.