La JCF tiene la última palabra.

En un escrito que todavía deja controversias abiertas, pero que representa la expresión más clara hasta ahora sobre el balance entre la Junta de Control Fiscal (JCF) y los poderes electos de Puerto Rico, la jueza de quiebras Laura Taylor Swain decidió hoy que la Junta tiene poder para imponer medidas de política pública dentro del presupuesto aunque el Gobernador se oponga y que el poder de la Junta sobre el presupuesto no es una usurpación de poderes de la Legislatura.

Las expresiones se dieron en dos decisiones para atender, respectivamente, las demandas del Gobernador y de los líderes legislativos sobre elementos del Plan Fiscal y del presupuesto que fueron impuesto y certificados por la JCF despues de que el proceso estatutario de consulta con el Gobierno de Puerto Rico no resultara en un acuerdo.

El caso del Gobernador quedó vivo en algunos aspectos que manejará la magistrada Judith Dein en adelante, pero el caso de los líderes legislativos fue desestimado.

Aparte las controversias particulares que tenía ante sí, la jueza hizo expresiones que ayudan a moldear lo que es la relación entre la Junta y los poderes electos. Y en esa parte, lo que queda despues del estruendo es que la Junta puede imponer decisiones de política pública, pero no puede crear ni obligar a crear legislación, lo que puede es negociar esa legislación. Por ende, al final del día, el último refugio de los poderes electos de Puerto Rico es la operación de crear leyes. En lo demás, la jueza dejó claro que el Gobernador y la Legislatura pueden oponerse a las ‘recomendaciones’ de política pública y reasignaciones de presupuesto que haga la Junta pero no pueden hacer nada con eso que no sea ir al Congreso o al Presidente de los Estados Unidos para cabildear cambios en la Junta, sea en la composición de sus miembros o en disposiciones de la Ley PROMESA que la crea.

‘PROMESA es un arreglo incómodo de compartición de poderes’, dijo la jueza en medio de su reflexión sobre los roles de cada cual bajo dicha ley federal.

‘El meollo de los puntos levantados (por el Gobernador) es si PROMESA da poder a la Junta para uncluir mandatos en el Plan Fiscal y el presupuesto que están predicados en decisiones de política pública con las cuales el Gobernador de Puerto Rico no está de acuerdo… El poder reconocido a la Junta en la Sección 205(b)(1)(K) de PROMESA le permite tomar decisiones de política pública que son vinculantes para el Gobierno de Puerto Rico, a pesar de que el Gobernador rechace esas recomendaciones bajo Sección 205’, son las expresiones de la jueza que resumen su determinación.

‘PROMESA es un arreglo incómodo de compartición de poderes’

Las controversias específicas que le llevó el Gobernador a la jueza, y la decisión de esta, son:

Las recomendaciones de política pública de la Junta pueden ser rechazadas por el Gobernador. (Desestimado porque las recomendaciones de la Junta son vinculantes aunque al Gobernador no le gusten)

La suspensión de la Junta de la capacidad de Hacienda para cambiar partidas en el presupuesto. (Desestimado en contra del Gobierno de Puerto Rico)

El requisito de la Junta de consolidar agencias. (El Gobierno entregó este punto en la vista cuando aceptó que el presupuesto puede tener asignaciones que se queden cortas de cubrir la nómina, forzando a la Administración a tomar medidas para atender eso)

Las condiciones que puso la Junta en el presupuesto que activarían recortes o cambios mandatarios en presupuestos futuros si no se cumplen las condiciones del presupuesto actual, incluyendo reducciones de personal. (Este punto quedó vivo para ser resuelto por la magistrada Dein)

Las medidas de beneficios de empleados, como el bono de Navidad, las limitaciones de vacaciones y el congelamiento de plazas. (Desestimado porque las partes acordaron que el presupuesto actual no ordena la eliminación del bono, por lo que no hay una controversia real que el tribunal tenga que resolver)

Los requerimientos de acciones correctivas específicas y la creación de un delito si se gasta por encima de las asignaciones presupuestarias. (Queda vivo el punto para que Dein resuelva porque aparenta ser un reclamo de la Junta en exceso de sus poderes bajo PROMESA)

‘El Tribunal urge a la Junta Fiscal, la Legislatura y el Gobernador a encontrar una visión común y usar sus poderes combinados para identificar tan pronto sea posible un camino adelante para Puerto Rico con responsabilidad fiscal que provea apropiadamente para todos los que tienen intereses en su futuro’, resaltó Swain en la decisión en la que desestima la demanda presentada por los presidentes legislativos, Thomas Rivera Schatz y Carlos ‘Johny’ Mendez.

‘La determinación del Congreso en PROMESA de darle poder a la Junta para aceptar, rechazar, desarrollar y certificar presupuestos y para hacer que estos sean efectivos por virtud de la ley prevalece sobre el poder general que tiene la Legislatura de Puerto Rico para distribuir el presupuesto’, añade al determinar que, contrario a lo que alegaban los legisladores, los poderes de la Junta sobre el presupuesto no son una ‘usurpación’ a su poder legislativo.

Puede leer las decisiones de la jueza Laura Taylor Swain aquí:

Desición de jueza Laura Taylor Swain en demanda por presupuesto radicada por líderes legislativos

Desición de la jueza Laura Taylor Swain en demanda del gobernador Ricardo Rosselló

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