El Comité de Energía de Puerto Rico y el Caribe (EcoPR) endosó hoy un proyecto que garantizaría al consumidor precios más bajos en la gasolina mediante una mayor competencia en el mercado de esta industria.

El proyecto del Senado 2096 permite dar flexibilidad a los mayoristas para poder colocar a los detallistas abanderados en posición real y efectivamente competir con otros detallistas dentro de una limitada área geográfica.

La medida también salvaguardaría la industria requiriendo los informes de cumplimiento de forma detallada y específica, para ser sometidos a la Oficina de Asuntos Monopolísticos (OAM), adscrita a Justicia.

Ricardo Aponte, director ejecutivo de EcoPR apoyó la iniciativa durante una audiencia pública de la Comisión de Banca y Asuntos del Consumidor, que preside la senadora Lornna Soto Villanueva-.

Aponte indicó que desde 2005 la implantación de la Ley de Zona Única (Ley 74) ha limitado que mayoristas puedan dar alivios a detallistas en base al nivel de competitividad, unificando la isla en un solo mercado y desfavoreciendo la libre competencia y por ende al consumidor.

Según la exposición de motivos de la medida, ‘el efecto negativo que ha tenido la Ley 74 en el consumidor es algo que la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) y otros estudiosos han venido estudiando y reseñando desde hace tiempo’.

El estudio ‘The Economics of Gasoline Retailing’, realizado en diciembre de 2003 por Andrew Kleit, profesor de Energía y Economía Ambiental de ‘Penn State University’, concluyó que ‘la eliminación de los precios por zona resulta en precios promedios más altos para el consumidor’.

EcoPR también endosó el proyecto del Senado 2095, que busca herramientas para atender la reapertura de estaciones que a la vez generaría cientos de empleos en la industria.

Actualmente, sobre 200 estaciones de gasolina han cesado operaciones, provocando la pérdida de casi cuatro mil empleos directos y unos 50 millones de dólares en ingresos de nómina.

Este proyecto quiere establecer límites en los acuerdos entre mayoristas y detallistas. De esta manera, ningún mayorista podrá operar directamente más de un 25% de las estaciones de venta al detal que operan bajo su marca.