La posibilidad de que una Alianza Público Privada (APP) sea la que cree la infraestructura en el centro de la isla para que los ciudadanos puedan contar con acceso a la Internet, sería evaluada por la Cámara de Representantes si prospera una medida de los legisladores José Aponte y Waldemar Quiles.

La resolución cameral 1748, de aprobarse, ordenaría ‘evaluar las posibilidades de incluir un proyecto de APP para el máximo desarrollo de la infraestructura de banda ancha a través de la instalación de cables de fibra óptica de cuarta generación en la región central de Puerto Rico’.

La intención es promover la creación de empleos directos e indirectos, fomentar la integración de la región rural del país a la Internet y los servicios que esa plataforma ofrece y para otros fines relacionados.

Según la medida, la isla ‘por su composición topográfica e idiosincrasia, el sistema de torres de relevo, suplementado por una base de fibra óptica, ha sido el método utilizado por el gobierno desde finales de la década de los 90, para aumentar la capacidad de las bandas de transmisión. Este esfuerzo fue concentrado en las zonas de mayor densidad poblacional y comercial como en San Juan y otros municipios costeros, relegando a un lado la zona montañosa’.

‘De acuerdo a varios estudios realizados en Puerto Rico durante la última década, en torno al desarrollo de la infraestructura de banda ancha, se desprende que solamente un 31% de los ciudadanos de la isla tienen una computadora en su residencia y se conectan a Internet utilizando la misma. Sin embargo, en Estados Unidos continentales, esta cifra es de 67%’, señala la resolución.

En Puerto Rico, según estudios que cita la medida legislativa, 27% de los hogares en Puerto Rico cuentan con una computadora conectada a Internet.

Aponte y Quiles solicitaron a la comisión de Desarrollo Integrado de la Región Central y a la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Comercio, Industria y Telecomunicaciones de la Cámara, investigar las posibilidades de conectar el centro de Puerto Rico y deberán someter un informe en 90 días luego que se apruebe la medida