La jefa de la Fiscalía de Estados Unidos en Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez, informó hoy del arresto de un presunto narcotraficante y empresario de Cabo Rojo, por lavado de sobre siete millones de dólares procedentes del negocio de las drogas durante los pasados 18 meses.

El pasado 31 de agosto, un gran jurado federal emitió un pliego acusando al hombre identificado como Raymar Lucena Rivera con dos cargos por tráfico de drogas y siete cargos de lavado de dinero. La acusación establece que Lucena Rivera, el dueño y presidente de RV Trucking Corp, y otras corporaciones, llevó parte del dinero lavado a su propia casa, en una exclusiva comunidad con acceso controlado de Cabo Rojo.

Se señala, además, que Lucena Rivera, coordinó personalmente y participó de la entrega de importantes sumas de dinero que debían ser dadas a la mano a sus socios en República Dominicana y Panamá como un pago por drogas.

Al momento del arresto, Lucena Rivera estaba coordinando el pago final por la compra de 200 kilogramos de cocaína de una fuente en Colombia.

Entre las formas que se presume Lucena Rivera lavaba el dinero producto del tráfico de drogas, el pliego menciona que daba grandes sumas de dinero a terceras partes que luego darían cheques para varios desarrollos lujosos de bienes raíces en Puerto Rico. Durante la investigación, agentes incautaron sobre dos millones de dólares de Lucena Rivera.

Las autoridades estadounidenses también buscan obtener todas las propiedades involucradas en la comisión de las ofensas, incluyendo la casa de Lucena Rivera, ubicada en Mansiones de Cabo Rojo, el restaurante Costa Blanca en Cabo Rojo, una finca de 3.4 acres en Lajas, un yate de 50 pies, un auto Porsche Cayenne del 2010, un Jeep Cherokee del 2009, un auto Ford Raptor F-150, y una indemnización monetaria de 100 millones de dólares.

‘Los esfuerzos de las autoridades federales y locales han resultado en el arresto de este individuo envuelto en actividades de tráfico de drogas de gran escala, que asistió a traficantes internacionales a completar sus negocios. Estas transacciones financieras posibilitaron que traficantes disfrutaran de las ganancias de sus actividades ilegales’, dijo la fiscal Rosa Emilia Rodríguez.

Este caso fue investigado por la Administración Federal Antidrogas y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, agentes de la Policía de Puerto Rico y personal del Departamento de Hacienda de Puerto Rico

De ser hallado culpable, el acusado enfrentaría una sentencia mínima de 10 años de prisión hasta cadena perpetua.