El representante Rafael Hernández Montañez adelantó que iniciará acciones legales en contra del consorcio responsable de administrar la autopista PR-22, si no se incluye en el contrato de esa Alianza Público Privada (APP) la culminación de los trabajos para mitigar las inundaciones de comunidades afectadas con aguas de escorrentías provenientes de la autopista.

Hernández Montañez dijo que ejemplo de los daños que son causados por la falta de mantenimiento en los sistemas pluviales cercanos a la PR-22 son las inundaciones que se producen en las comunidades de Almirante Norte y Río Abajo en Vega Baja, Sabana Hoyos en Vega Alta, Maguayo y Puertos en Dorado, Campanilla en Toa Baja, Barrio Palmas en Cataño y Puerto Nuevo en San Juan.

Comentó que como parte del contrato suscrito entre la Autoridad de Carreteras y el Consorcio de Autopistas Metropolitanas para administrar la carretera PR-22, este último estará a cargo de dar mantenimiento a esa vía, por lo cual cuestionó qué sucederá con los daños que la vía hace a las comunidades aledañas y si se harán responsables por los mismos.

‘Es de suma importancia que se consideren los efectos que ocasionan la falta de mantenimiento de los sistemas pluviales de las autopistas en las comunidades aledañas, antes de que asuma control la APP de Autopistas Metropolitanas en septiembre, ya que posterior a ello este Consorcio será el responsable de los daños que puedan ocasionar’, advirtió Hernández Montañez.

Mencionó el caso de la canalización del Chorro de Maguayo, donde el viernes más de 250 estudiantes de dos escuelas de la comunidad quedaron atrapados por las aguas provenientes de las autopistas.

Hernández Montañez señaló que la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) invirtió 7 millones para comenzar la primera fase de canalización de ese cuerpo de agua como medida preventiva para evitar las inundaciones, sin embargo, el proyecto sólo se extendió hasta donde ubica la Escuela Marcelino Canino y las conexiones de las aguas de la comunidad a ese canal no se realizaron.

El legislador indicó que presentó dos medidas legislativas para investigar esa situación y manifestó que si no atienden sus reclamos convocará a todas las comunidades afectadas para demandar en los tribunales la presunta responsabilidad de la APP de Autopistas Metropolitanas.