Cuatro médicos, cinco farmacéuticos y otras 24 personas fueron arrestadas en horas de la madrugada del miércoles durante un operativo de la Agencia federal Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) realizado en varios pueblos de la zona noroeste contra una red de venta ilegal de medicamentos controlados.

El fiscal federal, José Capó, precisó que un gran jurado federal emitió el martes un pliego acusatorio contra 33 personas por conspirar, poseer, dispensar y distribuir sustancias controladas. Alegadamente, la organización se dedicaba a obtener recetas para sustancias controladas, a través de médicos que trabajaban en la Clínica Sheily, conocida también como la Sala de Urgencias Policlínica Doctor César Vargas Quiñones, sin un propósito legal o médico.

Las recetas de medicamentos como Percocet, Bicodin, Demerol, Buprenorfina, Xanax y Clonopin, se despachaban en varias farmacias de los pueblos de San Sebastián, Moca, Aguadilla, con el fin de distribuir sustancias controladas, para el beneficio económico de los co-conspiradores. Se estima que las ganancias de esta operación se compara con el equivalente a tres mil kilos de marihuana.

'El propósito de este plan era dispensar recetas de sustancias controladas, llenarlas en varias farmacias de los pueblos que ya hemos mencionado y luego revenderlas ilegalmente', indicó Capó.

Los doctores arrestados fueron identificados como César Vargas Quiñones, Héctor Aguilar Amieba, Luis Betancourt Medina y Jaime Pérez Hernández. Mientras los dueños y farmacéuticos envueltos fueron: Julio Moro Pérez, de la Farmacia Nueva en San Sebastián y Best Pharma en Moca; Zaida Pérez Méndez de la Farmacia Modelo en San Sebastián; Yanira Santiago Soto, de la Farmacia Jani en San Sebastián; Armando Rodríguez López de la Farmacia Jaileen en Aguadilla; y Nancy Quiles de la Farmacia San Dude en San Sebastián.

Capó confirmó que Santiago Soto es esposa de un miembro de la judicatura, aunque no se pudo ofrecer información en torno a que uno de los arrestados era miembro de la Asamblea Legislativa de San Sebastián.

'Puerto Rico tiene un serio problema contundente con la venta y distribución de sustancias controladas por lo accesible que están a las personas siempre que haya un médico y un farmacéutico dispuestos a recetar y despachar este tipo de medicamentos sin un propósito medico legítimo', sostuvo el funcionario federal.

Entretanto, el director interino de la DEA, Pedro Janer, dijo que el tráfico de este tipo de drogas es un problema que ha estado creciendo tanto en Estado Unidos como en Puerto Rico. En el continente norteamericano se estima que unos 7 millones de ciudadanos utilizan este tipo de sustancias, lo que significa más que los usuarios de todas las otras drogas juntas.

'Estas drogas se han convertido en las predilectas para los jóvenes. Se ha convertido en la nueva droga de entrada, reemplazando a la marihuana y han contribuido grandemente en los asesinatos que se han estado registrando aquí en la Isla', expuso Janer.

Precisó que ocho de cada diez gatilleros que han sido arrestados han admitido haber estado bajo los efectos de este tipo de pastillas al momento de cometer el crimen.

Agregó que de inmediato los doctores y farmacias perderán sus licencias para recetar o dispensar este tipo de medicamentos.

Los acusados enfrentan de cinco a 20 años en prisión con multas ascendentes a un millón de dólares.

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