El presidente de la compañía West Security Services, Inc, José Olavarría Infante, denunció la supuesta falta de transparencia y la inacción de la Junta de Subasta del Departamento de Familia con relación a la adjudicación de una subasta de Servicios de Seguridad Armada, Desarmada y Seguridad Electrónica celebrada el pasado 8 de junio de 2011.

La subasta F-11 009 fue celebrada como resultado de un proceso de impugnación de subasta, que la propia West Security Services Inc. tuvo que llevar sobre la subasta F-010-007, la cual el Departamento de la Familia adjudicó de manera ilegal, arbitraria y caprichosa a Génesis Security Services, Inc. y a Northwest Security Management Inc.

Según informó Olavarría Infante, el Tribunal Apelativo emitió una sentencia en el mes de noviembre del año 2010 clara y contundente en la que sostiene que la adjudicación de la misma fue contraria a derecho en clara violación al debido proceso de ley y la adjudicación no estuvo basada en el expediente de la agencia.

No obstante, según dijo, actualmente y luego de pasar más de un año de la mencionada sentencia, las dos compañías favorecidas por tal adjudicación siguen cobrando de manera ilegal.

'Lo antes mencionado y la dilación en todo este proceso convierte en académica la sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Resulta lastimoso para la política pública de sana administración que promueve el gobierno de Puerto Rico que no tan solo no se sigan los procesos conforme lo establece nuestro ordenamiento jurídico sino que además no se acaten las sentencias finales, firmes e inapelables', dijo Olavarría Infante.

Finalmente, dijo que 'con tal inacción en el proceso de adjudicación el Departamento de la Familia del gobierno de Puerto Rico pretende perpetuar en su agencia a las compañías de seguridad que contrataron de manera ilegal'.