El presidente del Colegio de Abogados de Puerto Rico (CAPR), Osvaldo Toledo Martínez, afirmó que la pena de muerte no resolverá el problema de la criminalidad e invitó a los colegiados y a la ciudadanía a participar desde el miercoles en las vigilias organizadas por la Coalición Puertorriqueña Contra la Pena de Muerte.

‘Hago un llamado a cada puertorriqueño para que reflexione y entienda que aplicando la pena de muerte no resolveremos el problema de la criminalidad que es el principal reto que enfrenta nuestro país,’ enfatizó Toledo Martínez, quien adelantó que participará en las vigilias frente al Tribunal Federal de Distrito, en Hato Rey.

Por su parte, Kevin Miguel Rivera Medina, presidente de la Comisión Sobre Pena de Muerte del CAPR, informó que ‘las vigilias se celebrarán de 5:00 a 6:00 de la tarde mientras dure la etapa judicial de sentencia contra Edison Burgos, quien resultó culpable en el Tribunal Federal por cargos de asesinato y tráfico de drogas. El jurado tiene ante sí dos opciones: sentenciarlo a cadena perpetua sin derecho a libertad bajo palabra o la ejecución.’

‘El CAPR se ha mantenido vigilante al proceso de este juicio y no realizó expresiones anteriores para no afectar el veredicto de culpabilidad. Pero ahora que el jurado tiene en sus manos escoger entre la cadena perpetua y la muerte de otro ser humano, levantamos la voz para que se escoja la vida sobre la muerte’, sentenció Rivera Medina.

De igual modo, Toledo Martínez sostuvo que ‘este pueblo tiene claro que el valor a la vida debe ser respetado y hay que dar el ejemplo desde el Sistema Judicial. Nuestra Constitución expresamente prohíbe las ejecuciones y ningún tribunal o jurado debe prestarse para sentenciar la muerte de otro’.

Apuntó que las autoridades federales insisten en buscar la máxima sentencia en casos criminales que se ventilan en el Tribunal Federal, atentado que cobra una relevancia mayor al informarse, por la Fiscalía Federal, que 19 acusados enfrentan la posibilidad de recibir la pena capital, de ser certificados para dicha sentencia por el Comité de Pena de Muerte del Departamento de Justicia, en Washington D.C.

Toledo Martínez explicó que el CAPR mantiene un movimiento a nivel internacional para que el Gobierno de los Estados Unidos entienda que Puerto Rico no es una jurisdicción donde deban aplicar la barbárica sentencia de pena de muerte.