Las autoridades federales arrestaron el jueves a David Alexander Díaz Torres, funcionario de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) de la Policía, por agentes especiales de Inmigración y (ICE) de Investigaciones de Seguridad Nacional de Control de Aduanas (HSI) en Orlando, Florida por conspiración para transportar extranjeros ilegales en los Estados Unidos, anunció la fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez.

‘Es muy preocupante que las autoridades policiales tengan que arrestar a un empleado federal corrupto que se alega ha socavado la seguridad de nuestra nación, nuestra seguridad global y la confianza del público y la confianza que ponemos en los elegidos para proteger y servir ‘, dijo Rosa Emilia Rodríguez Vélez , fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico.

Díaz Torres fue acusado el 10 de septiembre de 2013, en una acusación formal de 13 cargos con otras cinco personas para llevar, transportar, albergar y protección a extranjeros ilegales en los Estados Unidos.

El 7 de agosto de 2013, Rafael Severino, Eduard Bueno Beltrán, Luis Raúl Sierra Conde, Juan Severino Basora y Esther María Sánchez Cruz fueron acusados ​​de participar en un plan para traer inmigrantes ilegales a Estados Unidos.

El 24 de marzo de 2012, un grupo de ciudadanos brasileños fueron introducidos a contrabando por una mujer no identificada hacia Nueva York a través del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en San Juan, Puerto Rico.

Se alega que David A. Díaz Torres asistió a dos de los acusados ​​en el contrabando del grupo de brasileños, por permitirles pasar la zona de control de seguridad sin ser interrogados. El grupo continuó a Nueva York, Boston y Filadelfia en vuelos comerciales.

‘El compromiso del Departamento de Justicia para evitar el tráfico de personas, con lo que los traficantes ante la justicia y ayudar a las víctimas nunca ha sido más fuerte. ‘

Este caso está siendo procesado por la Fiscal Auxiliar federalEvelyn CanalsLozada. El caso fue investigado por el ICE – HSI en San Juan y Orlando, Florida, TSAy la Oficina del Inspector General de Seguridad Nacional.

Las penas máximas para estos delitos son de 10 años de prisión.