En aras de evitar ‘el acoso’ y ‘la desinformación’ que le proveen a los conductores gestores de servicios, el Senado evalúa un proyecto por petición que prohibiría que esas personas operen dentro de las instalaciones del los Centros de Servicios al Conductor (Cesco).

El problema se da principalmente con los llamados ‘gestores de pasillo’ que acosan a los conductores para lograr venderle servicios que, en algunos casos, pueden ser hasta innecesarios, como es la fotografía si ya fue digitalizada y está en los archivos del Departamento de Transportación y Obras Públicas, advirtió en vista pública el director del Cesco de Guayama, Jaime Morales.

Morales explicó al único legislador en la vista de ayer, el presidente de la Comisión de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Transportación del Senado, Pedro Rodríguez, que la ley federal requiere que todas las licencias sean digitalizadas.

En un aparte con NotiCel, el funcionario indicó que los gestores autorizados y regulados por el DTOP podrán brindar los servicios acostumbrados a los conductores, excepto el de la fotografía que tiene que ser digital y tomada exclusivamente por el DTOP.

‘Lo que se busca es que los ciudadanos no estén expuesto a ese acoso’, dijo José Ramón Díaz Monge, asesor del secretario del DTOP, Miguel Torres.

Otro asunto que busca atender la medida propuesta es evitar que entre gestores y empleados de los Cesco se pongan de acuerdo para defraudar al erario.

‘Tenemos que cortar esas brechas y esas oportunidades para que no se cometa fraude contra el Departamento’, señaló Morales.

A través de todo Puerto Rico, hay 15 Cesco de los cuales, 12 son arrendados y tres pertenecen a instalaciones estatales que son el de Mayagüez, Río Piedras y Vieques.

En los que son arrendados, la Legislatura no tiene grandes posibilidades de acción por estar en propiedad privada.

Morales recomendó que se busque la manera de que se pueda establecer que en las condiciones del contrato de alquiler se incluya una cláusula que establezca un perímetro hasta dónde se puede prohibir que la venta de servicios relacionados a la obtención de las licencias.

Precisamente, el Departamento de Justicia, representado por Noris Rodríguez y la fiscal Damaris Torres, recomendó que se aclare que dentro de los Cesco, predios o sus terrenos no se pueden ofrecer los referidos servicios.

‘Con ello no se les limita su derecho al libre comercio. Pueden promover o hacer sus negocios fuera de dichos predios o terrenos públicos. Ahora, no debe permitirse que dicha conducta o actividad comercial se haga dentro de los Cesco’, destacó Rodríguez, asesora del designado secretario de Justicia, César Miranda.

La medida dispone que los que violen la ley cometerán un delito menos grave con las penalidades correspondientes de multa o cárcel.

‘Por eso tiene que aclararse el alcance porque no se le puede imputar delito a una persona que tiene un contrato y que está laborando en ese edificio (arrendado)’, destacó la fiscal Torres.